Golpe del Consejo Económico y Social al Estatuto del Becario por cargar en las empresas todo el coste
El anteproyecto de ley del Estatuto del Becario impulsado por Yolanda Díaz, a la espera de la luz verde del Consejo de Ministros en segunda ronda y antes de enfrentarse a un Congreso en el que el Gobierno no dispone de mayoría, se tambalea antes incluso de que pueda llegar a presentarse. El Consejo Económico y Social (CES), el órgano consultivo del Ejecutivo en materia socioeconómica y laboral, ha aprobado su tramitación, pero también ha criticado con dureza varias partes fundamentales del Estatuto, entre ellas la falta de valoraciones sobre su impacto económico en las empresas y que ni siquiera se contemple una red de apoyo para que las pequeñas y medianas puedan acceder a la contratación de becarios sin hipotecarse económicamente.
En concreto, el CES considera que es «fundamental» para lograr que este tipo de formación se configure como una «palanca transformadora para la empleabilidad de la población joven» establecer «criterios claros sobre la naturaleza de la formación y de los derechos y obligaciones de las empresas y los estudiantes», así como la «colaboración de los actores clave (entidades educativas, empresas y organismos equiparados y organismos intermedios)».
Aunque el organismo valora positivamente la presentación de una iniciativa reguladora en una norma de rango legal, considera que el marco regulatorio «debe aportar los elementos, tanto materiales como temporales, mediante una entrada en vigor, unos periodos transitorios y una regulación de dicha transitoriedad adecuados». Además, advierte de que las organizaciones representadas en el CES «no han llegado a un consenso acerca del objeto, el ámbito de aplicación y el régimen sancionador que establece el Anteproyecto de ley sometido a dictamen».
Sobre el adecuado equilibrio entre las cargas, costes y viabilidad para lograr una amplia participación empresarial que asegure la calidad del sistema, el organismo echa de menos «estimaciones sólidas sobre algunos datos básicos para determinar esa viabilidad y la repercusión macroeconómica de lo dispuesto en el anteproyecto». En particular, cree que hace falta «estimar el volumen y el flujo periódico de personas que cursarán las prácticas no laborales y el número de empresas necesarias». Por otro lado, destaca que hay «elementos que, aun siendo socialmente justificados, tienen un impacto económico claro, desde la compensación mínima a las personas en formación de los gastos vinculados a la realización de las prácticas a los costes derivados del tiempo efectivo de tutorización.
Asimismo, reclama que en una futura comisión de seguimiento deberían participar, además de la Administración, «los interlocutores sociales y los órganos de representación del ámbito universitario y de la Formación Profesional y las comunidades autónomas», que aporten «funciones claras de seguimiento, evaluación periódica y propuesta en materia regulatoria y de medidas de apoyo». También cree la necesidad de un «enfoque inclusivo en la formación no laboral de las personas con discapacidad».