Desalojo en San Antonio: INDH confirma cumplimiento de protocolos internacionales en megatoma
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a través de su director en la Región de Valparaíso, Fernando Martínez, validó los procedimientos realizados durante el desalojo de la megatoma de San Antonio. Según el organismo, las acciones llevadas a cabo esta semana en las parcelas 11, 13 y Bosques del Mar —que abarcan unas 12 hectáreas de terreno privado— han respetado los estándares internacionales de proporcionalidad y necesidad en el uso de la fuerza.
La evaluación inicial del INDH se basa en la observación directa en terreno y en entrevistas realizadas a personas detenidas durante los operativos. Martínez destacó que, tras conversar con ocho arrestados en la comisaría local, no se identificaron lesiones derivadas de un uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros. De hecho, se informó que el detenido con mayores daños físicos habría sido golpeado por los mismos ocupantes de la toma, quienes lo acusaron de iniciar un incendio de forma negligente.
Resistencia violenta y denuncias contrapuestas
Este respaldo técnico del INDH surge en medio de un escenario complejo, marcado por una resistencia violenta que ha incluido barricadas incendiarias, lanzamiento de artefactos molotov y disparos con armas de fuego. Estos ataques han dejado un saldo de dos efectivos policiales heridos. No obstante, el diagnóstico del instituto contrasta con las declaraciones del dirigente Gustavo Sepúlveda, asesor de los campamentos, quien ha denunciado ante la justicia un actuar “convulso y violento” por parte de la fuerza pública.
A pesar de la impresión favorable, el INDH mantiene una postura cautelosa. Martínez reconoció que, debido a la magnitud del territorio —que comprende más de 100 hectáreas— y al despliegue limitado de observadores, no fue posible fiscalizar directamente la entrada de la policía a la parcela 13, considerada el punto más conflictivo del sector.
El organismo continuará recopilando antecedentes y recibiendo testimonios para confirmar si esta tendencia se mantiene durante el resto del proceso. Por ahora, el balance institucional destaca que la intervención se ha ajustado a la normativa vigente, aunque no descartan variar su opinión si surgen nuevas denuncias fundadas que demuestren irregularidades en las parcelas aún no intervenidas.