Agrupaciones de DD.HH. rechazan eventual nombramiento de Fernando Rabat como ministro de Justicia de Kast
Un total de 16 agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos firmaron una declaración pública en la que rechazan la posible designación de Fernando Rabat para encabezar la cartera de Justicia y Derechos Humanos. “Rechazamos categóricamente este posible nombramiento por un deber ético y moral”, enfatizaron.
“Dicha preocupación se funda en que el señor Fernando Rabat integra el estudio jurídico Rodríguez, Vergara y Compañía, fundado por Pablo Rodríguez Grez, líder y fundador de la organización terrorista Patria y Libertad, responsable, entre otros crímenes, del alevoso asesinato del Comandante en Jefe del Ejército de Chile, René Schneider. Asimismo, en su calidad de integrante de este estudio, el señor Rabat fue parte del equipo jurídico encargado de la defensa del dictador Augusto Pinochet”, declararon las organizaciones de derechos humanos.
Las organizaciones apelaron directamente al presidente electo, José Antonio Kast, afirmando que “el posible nombramiento de Fernando Rabat como ministro de Justicia y Derechos Humanos constituye una ofensa directa a la memoria de las víctimas de la dictadura y a sus familiares”, porque “reafirma una trayectoria de apología de la dictadura y un compromiso con la impunidad, expresado reiteradamente en su discurso al promover la liberación de violadores de derechos humanos condenados por crímenes aberrantes contra nuestros familiares”.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, en representación de los colectivos de DD.HH., declaró que la eventual designación de Rabat es “realmente una afrenta a las víctimas de la dictadura civil-militar y a sus familiares”.
La presidenta de la AFEP, Alicia Lira.
Además, Lira sostuvo que los valores de Kast “trastocan las luchas de los familiares y agrupaciones a lo largo del país, por la verdad, la justicia y la memoria”.
Las organizaciones mencionaron que, desde la vuelta a la democracia, “el Estado no ha demostrado la misma convicción ni ha garantizado efectivamente la no repetición de los crímenes cometidos”. Lo anterior, lo ejemplificaron con los hechos ocurridos en el estallido social de 2019, “donde la acción de las fuerzas represivas dejó a más de 450 personas con mutilaciones oculares, entre ellas Fabiola Campillai y Gustavo Gatica”.
Diego Cabezas, coordinador de Memorial Paine afirmó que este posible nombramiento “no nos genera la confianza, sino más bien dudas respecto a que si su actuar garantizaría una justicia imparcial, especialmente con las causas relacionadas a violaciones de los derechos humanos, tanto del pasado como del presente”.
El activista de derechos humanos de Paine, subrayó: “Para nosotros, este tipo de señales políticas que quiere dar el gobierno, implica un riesgo concreto en cuanto a retrocesos en materias de verdad, justicia y garantía de no repetición”.