Dos policías portugueses, acusados de violar y torturar a detenidos y compartir las grabaciones en un grupo de WhatsApp
La Fiscalía de Lisboa ha presentado una acusación formal contra dos agentes de policía, de 21 y 24 años, a los que atribuye graves abusos contra personas detenidas, incluidos actos de violencia extrema y agresiones sexuales, que además habrían sido grabados y difundidos entre otros agentes a través de un grupo de WhatsApp.
Ambos fueron detenidos el pasado 10 de julio y se encuentran bajo investigación del Departamento de Investigación y Acción Penal.
La Fiscalía describe una conducta “repetida y deliberada” y acusa a los agentes de aprovechar su autoridad para agredir a personas vulnerables y compartir las grabaciones en grupos de WhatsApp
Según el escrito remitido al tribunal, los agentes habrían agredido a varias personas en situación de vulnerabilidad, entre ellas personas sin hogar, consumidores de drogas y pequeños delincuentes, utilizando golpes, amenazas y un uso abusivo de su autoridad.
La acusación sostiene que los policías llegaron a grabar y fotografiar parte de los episodios, así como a las víctimas, para compartirlos posteriormente con decenas de compañeros.
El Ministerio Público describe una conducta “repetida, fría y deliberada”, incompatible con las funciones policiales y marcada por una “falta absoluta de empatía”. En uno de los casos más graves, uno de los agentes habría empleado objetos policiales para someter a un detenido, mientras el otro registraba la escena con su teléfono móvil.
En otro episodio, un arrestado habría sido golpeado y amenazado con un arma, y parte de su cabello cortado mientras era grabado.
La Fiscalía atribuye 29 cargos a uno de los agentes y seis al otro, todos relacionados con delitos de agresión, abuso de autoridad y violencia contra personas bajo custodia. Además, varias personas más han sido identificadas como posibles coautoras, aunque por el momento no han sido formalmente acusadas.
El caso ha generado una fuerte conmoción en Portugal y ha reabierto el debate sobre los mecanismos de control interno en las fuerzas de seguridad, así como sobre la necesidad de reforzar la supervisión de prácticas policiales para evitar abusos.