Consumo investiga a grandes plataformas de vivienda por anunciar alquileres a precios ilegales

El Ministerio de Consumo ha abierto una investigación para “perseguir y eliminar” de los grandes portales inmobiliarios aquellos anuncios de alquileres, ubicados en zonas tensionadas, que no cumplan con el tope de precios de la ley de vivienda y, por tanto, sean ilegales. Las actuaciones se inician tras “detectar prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial”, según fuentes de este departamento.

La ley estatal de vivienda, que entró en vigor en mayo de 2023, establecía determinados topes a los precios del alquiler en las zonas declaradas tensionadas. En concreto, los precios deben estar sujetos al Índice de Referencia Estatal de Arrendamientos de Vivienda (IRAV) en el caso de que los propietarios sean grandes tenedores o al último contrato que se ofreció en esa vivienda, para los particulares. Sin embargo, hasta ahora la normativa obligaba a dar información antes de la firma del contrato, pero no a garantizar que los anuncios que publican las plataformas mostraran precios que cumplieran con esta regulación.

La ley de servicios de atención a la clientela, aprobada a finales de 2025, incluye la obligación para los portales e inmobiliarias de garantizar que sus anuncios de viviendas en alquiler en zonas tensionadas “se adecuen a los precios regulados”. Es decir, estas compañías deben garantizar que los anunciantes piden rentas ajustadas a la ley, así como a ofrecer información suficiente para garantizar el respeto a estos topes, como el precio del último contrato. Esta información debe estar publicada “de forma clara” y “accesible” para “permitir al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada conforme a esa normativa”, según indican desde el Ministerio de Consumo.

El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, ya envió una carta el pasado 29 de diciembre a los principales portales y asociaciones inmobiliarias para informarles “de los cambios legales” y advertirles que “su incumplimiento podría ser considerado una práctica desleal por engañosa” y de “sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario”.

Estas “prácticas que podrían infringir las nuevas reglas”, detectadas por Consumo en el “marco de la monitorización activa” que mantiene el departamento que dirige Pablo Bustinduy, se estarían produciendo allí donde se han declarado zonas tensionadas y, por tanto, hay una intervención directa para topar los precios. Por el momento, estas áreas se circunscriben a 271 municipios en Catalunya, pionera en la aplicación de la medida, varias localidades de Euskadi, entre las que se encuentran las tres capitales de provincia, más de una veintena en Navarra, con Pamplona a la cabeza; y A Coruña, en Galicia.