Nuevo golpe a los propietarios: así es la “trampa legislativa” que frenará los desalojos y dará vía libre a los okupas
Yolanda Díaz fue muy contundente sobre la vivienda: "Llegaremos o tendremos que llegar a un acuerdo, como siempre, por el bien del país y para no abrir la puerta de La Moncloa a Vox". Aunque no está feliz con las medidas anunciadas el pasado lunes: "En verano presentamos un Real Decreto sobre esta materia y desde ese día estábamos negociando (...) Nos avisaron cinco minutos antes de salir de manera unilateral Sánchez a anunciar esto".
A lo que se refiere la vicepresidenta es al nuevo Real Decreto-ley 16/2025 que se votará en un pleno extraordinario convocado para el próximo día 27 de enero. Es un decreto ómnibus, lo que implica que todo el bloque de medidas se votará de manera conjunta pese a que muchas no están relacionadas entre sí. Una de ellas afecta directamente a los propietarios y a los desalojos, dando vía libre a los okupas, lo que ha provocado que la Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación lance un comunicado denunciando la situación, considerada por ellos una "trampa legislativa".
¿Qué incluye el nuevo Real Decreto?
El nuevo Real Decreto-ley 16/2025 prorroga el escudo social por séptimo año consecutivo. La Plataforma denuncia que "el Gobierno ha vuelto a incluir la prórroga de la suspensión de desahucios y lanzamientos dentro de un paquete de medidas urgentes, mezclándola de forma estratégica con pensiones y ayudas sociales necesarias, con el fin de blindar una política que fomenta la impunidad de okupas e inquiokupas y la desprotección del pequeño propietario". Esta medida implica la paralización de los desahucios de todas aquellas personas (y okupas) vulnerables sin alternativa habitacional.
La Plataforma lanza una petición el resto de partidos del Congreso: "No permitan que, por séptimo año consecutivo, miles de familias trabajadoras paguen con el ahorro de toda una vida un problema que el Gobierno sigue sin resolver". El gran problema a su modo de ver es que este decreto no afecta a grandes tenedores, sino principalmente a familias trabajadoras con una única vivienda en alquiler. "Es inadmisible que el Gobierno se declare protector de los vulnerables usurpando las casas de otros", declaran desde la Plataforma.
¿Por qué se considera una trampa legislativa?
La Plataforma habla de "trampa legislativa" e incluso de "chantaje". El motivo está en la forma de realizar la votación. Al presentar un bloque cerrado de medidas, se impide que cada una pueda ser debatida y votada de forma independiente, obligando a las fuerzas políticas a elegir entre apoyar ayudas sociales necesarias y a la vez validar el atropello a la propiedad privada o rechazar todo. "El Gobierno no solo elude su responsabilidad de ofrecer soluciones reales al problema de la vivienda, sino que utiliza la emergencia social como un chantaje político donde, una vez más, los sacrificados son siempre los pequeños tenedores", denuncian.
También señalan directamente el problema: "Sin inversión en vivienda pública ni recursos para los Servicios Sociales, el Gobierno no está ayudando a nadie; solo está cronificando el conflicto y alimentando la inquiocupación y la ocupación, donde el propietario se ve obligado a mantener a quien no paga y okupa sin recibir apoyo alguno del Gobierno". Incluso aluden a que los pequeños propietarios, con una única vivienda en alquiler, sostienen el 93,4% del mercado del alquiler en España.
Esta es la solución que propone la Plataforma
La Plataforma de Afectados por la Ocupación e Inquiocupación denuncia la situación respecto a este medida, pero también propone la que a sus ojos sería la solución ideal: "El bienestar social no puede construirse sobre la vulneración del derecho a la propiedad; por el contrario, debe cimentarse en políticas públicas responsables, tales como la concesión de ayudas directas al alquiler o el realojo en viviendas de titularidad pública. Solo así se evitará que la carga de la vulnerabilidad social recaiga injustamente sobre los hombros de particulares".