Nuevo mundo: la pesadilla se hizo realidad

Agenda Derechos Humanos

“Agenda Derechos Humanos” es un espacio creado para dar seguimiento a temas relativos a los derechos humanos que sean relevantes para Chile. El año 2025, atendido el contexto internacional, se decidió ampliar la mirada e incorporar aquellos temas de alcance global que tienen incidencia en este campo.

Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio y columnas de opinión, como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile https://radio.uchile.cl/ y que cuenta con su propio micrositio.

En esta entrega de Agenda Derechos Humanos compartimos algunas reflexiones sobre el reciente informe sobre la situación de la libertad de expresión en Chile que ha publicado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, se da seguimiento al escenario internacional en materia de derechos humanos, marcado por la situación de Venezuela.

Informe sobre la libertad de expresión en Chile

Uno de los instrumentos más utilizados por los mecanismos de supervisión internacional de derechos humanos es el de los informes. Un tipo de informe es el que se pronuncia sobre la situación de la libertad de expresión en los países bajo la supervisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Al efecto, la CIDH cuenta con una Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) que se encarga de supervisar la situación a nivel regional. Es del caso que, en marzo de 2024, la RELE visitó el país y, con base en sus observaciones y la información aportada por el Estado y por la sociedad civil, emitió un informe que se hizo público a fines de 2025.

Este informe sobre la situación de la libertad de expresión en Chile es relevante toda vez que en él se da cuenta de los avances en la materia y también cuáles son los aspectos que deben ser mejorados, lo que constituye una guía para las autoridades a fin de dar cumplimiento de buena fe a los compromisos internacionales en la materia.

El informe se estructura en cuatro apartados que marcan los grandes desafíos del país en esta materia: amenazas que enfrenta la prensa, institucionalidad democrática, el entorno digital, y los desafíos en la lucha contra la discriminación y exclusión.

Reseñaremos las principales conclusiones del informe:

• Sobre las amenazas que enfrenta la prensa, el informe da cuenta de actos de violencia, amenazas, uso indebido del sistema judicial y una particular intimidación y criminalización dirigida contra mujeres periodistas. Al respecto, la RELE subraya que el Estado tiene la obligación de generar un entorno seguro para el ejercicio periodístico, lo que requiere se articulen mecanismos preventivos, sancionatorios y reparatorios coherentes con los estándares internacionales.
• En relación con la institucionalidad democrática y el Estado de Derecho, el informe pone particular énfasis en las limitaciones que aún existen en el país en materia de acceso a la información pública. Evidentemente, dichas limitaciones hacen difícil el control y la supervisión ciudadana de la actuación del Estado, lo que impide una adecuada lucha contra la corrupción. En esta lógica, el informe recomienda adoptar medidas para garantizar eficazmente el derecho al acceso a la información.
• Respecto del entorno digital en Chile, se destacada que el “ecosistema digital” chileno aún presenta desafíos relevantes para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión; preocupa en particular, “la desinformación deliberada, la regulación de contenidos en plataformas digitales y las persistentes brechas en el acceso a las tecnologías de lainformación y la comunicación” (ver comunicado de prensa). Recomienda desarrollar marcos regulatorios que, sin restringir la libertad de expresión, contribuyan a configurar un entorno digital que promueva la diversidad, el pluralismo y el acceso a la información.
• Finalmente, el informe observa las evidentes restricciones para el acceso a los medios comunitarios de radiodifusión y la distribución inequitativa del espectro radioeléctrico, lo que se suma a las dificultades financieras de medios independientes. A partir de esta situación, se relevan las dificultades de grupos históricamente marginados para acceder al espacio público, y así poder garantizar su representación y participación en el debate público. Por ello, se deben adoptar medidas efectivas para erradicar los discursos y prácticas discriminatorias en los medios de comunicación.

Es un informe duro y da cuenta de los enormes problemas que persisten en Chile en materia de libertad de expresión. Al término del gobierno de Gabriel Boric se deja un sistema marcado por la violencia contra el trabajo periodístico, las restricciones a la labor informativa y una concentración de medios agobiante para el real ejercicio de la libertad de expresión.

Este escenario es preocupante en el contexto político que se abre a partir de marzo de 2026. Sin duda, este informe debiera ser un punto de partida para adoptar una agenda pro-libertad de expresión, pero la realidad parece indicar otra cosa.

El complejo escenario internacional

En Agenda Derechos Humanos hemos venido dando seguimiento a la compleja situación internacional que caracterizada por una serie de hechos que dan cuenta del deterioro de la situación de derechos humanos a nivel mundial. Un elemento que ha distinguido a este creciente retroceso ha sido la incapacidad de la comunidad internacional -y toda la institucionalidad creada a partir del término de la Segunda Guerra Mundial- para responder con eficacia de las acciones de las grandes potencias. Así, la guerra entre Rusia y Ucracia sigue en curso con actos criminales por parte de ambos involucrados y el genocidio en Gaza, por parte del gobierno israelí, han dado cuenta de que, frente a la violencia armada a gran escala, la comunidad internacional es impotente para detener el horror.

A este escenario ya complejo, debemos sumar las acciones ilegales por parte de Estados Unidos respecto de Venezuela. El gobierno de Maduro viene hace tiempo siendo objeto de condenas internacionales por las graves violaciones de derechos humanos que ha desarrollado como una política de Estado en contra de los sectores opositores. A ello se sumó la cuestionada elección presidencial de 2024. Ahora bien, nada justifica el accionar estadounidense de fines de 2025 y 2026.

Las acciones desarrolladas por el gobierno norteamericano desde fines de 2025, que incluyeron un bloqueo naval de Venezuela con un gran despliegue armado en el Caribe, tiene su punto más alto en las acciones armadas en territorio venezolano la madrugada del 03 de enero recién pasado, tuvieron como base un discurso centrado en el narcotráfico. Recordemos que el gobierno de D. Trump acusó directamente a Nicolás Maduro de ser el líder de una organización “narcoterrorista” denominada el Cartel de los Soles, que estaría traficando drogas hacia los Estados Unidos.

Con base en esta acusación, el 03 de enero se desarrolló una acción armada en territorio venezolano destinada a capturar al presidente en ejercicio, Nicolás Maduro Moros. Esta acción militar consistió en un amplio despliegue armado (aéreo, naval y terrestre) que tomó pleno control del espacio aéreo venezolano y permitió a un cuerpo de infantería entrar a Caracas y detener al presidente Maduro Moros junto a su cónyuge, la diputada Cilia Flores.

Pronto se generó un amplio consenso en torno a la ilegalidad de la actuación norteamericana. Por una parte, se condenó la actuación ilegal consistente en el uso de la fuerza armada en contra de un tercer Estado (Venezuela), sin que concurriera ninguna de las causales contempladas en la Carta de las Naciones Unidas para legitimar una acción de este tipo (art. 2.4 Carta ONU), ya que no estamos ni ante una acción defensiva (art. 51 Carta ONU) ni ante una acción autorizada por el Consejo de Seguridad destinada a mantener la Paz (arts. 42 y 43 Carta ONU).

Segundo, existe consenso en que la detención del presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, es ilegal y arbitraria, lo que constituye un acto grave de secuestro de una autoridad nacional por parte de una potencia extranjera mediante el uso de la fuerza. El gobierno de Estados Unidos ha señalado que la acción estuvo destinada a cumplir una orden de captura dictada por autoridades estadounidenses. Esto no tiene fundamento en la normativa internacional, ya que para cumplir con una orden de este tipo se deben activar los mecanismos internacionales adecuados (extradición) y no una acción militar directa. Por otra parte, la acción viola la inmunidad personal de Maduro como presidente en ejercicio (más allá de la discusión sobre la legitimidad de las elecciones presidenciales de 2024). A ello se debe sumar la detención de la cónyuge, lo que es aún más difícil de justificar, ya que no es posible considerar una especie de orden de detención por parentesco.

Tercero, las acciones norteamericanas van más allá, ya que el presidente Trump ha señalado que Estados Unidos tomará el control del gobierno y particularmente asumirá el control de la producción petrolera de Venezuela. Sin presencia armada en el territorio, pero controlando al gobierno bajo la amenaza del uso de la fuerza, se crea una suerte de nuevo “protectorado” sobre un tercer Estado. Sin duda, estamos ante una acción de intervención de facto, incompatible con el Derecho Internacional.

Cuarto, en cuanto al juzgamiento de Maduro y Flores ante un tribunal de Nueva York, ya se ha informado que se dejó de lado la principal acusación (Maduro como líder del Cartel de los Soles) ya que el propio Departamento de Justicia de USA desechó esta acusación, señalando que este cartel no existe. Esta situación completamente bizarra nos recuerda la invasión a Iraq en 2003 basada en el argumento de la existencia en dicho país de armas de destrucción masiva, lo que terminó siendo una mentira.

Esta es la primera consecuencia directa de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de USA que retoma la vieja doctrina Monroe donde Latinoamérica es parte de la zona de influencia directa de Estados Unidos (“patio trasero”) y no se permite la presencia de ninguna potencia extranjera. Sin duda, un nuevo movimiento en el tablero internacional que están reconfigurando las grandes potencias (Estados Unidos, China y Rusia).

En ese escenario es preocupante ver cómo los temas relativos a derechos humanos y democracia quedan al margen de las prioridades. No ha habido medidas destinadas a terminar con la persecución de la oposición, ni a juzgar los crímenes cometidos por el régimen de Maduro. Al contrario, se mantiene en el poder la cúpula gobernante y no se avanza en garantizar una real democracia en dicho país. Hasta ahora, de transición hacia la democracia y plena vigencia de derechos humanos, nada.

Por último, es importante dejar establecido que la lucha por la democracia y los derechos humanos no puede llevarse a cabo violando las normas básicas del Derecho Internacional, pisoteando los principios de soberanía e independencia y autodeterminación de los pueblos.

En este contexto, donde el Derecho Internacional y los Derechos Humanos se ven vulnerados sin miramiento alguno, es relevante relevar su valor. Estos son acuerdos mínimos para la convivencia entre los pueblos y al interior de los Estados; sin este marco mínimo de decencia, solo queda espacio para el gobierno de la fuerza y los poderosos. Si algo ha marcado la historia de la humanidad es una búsqueda constante de establecer límites al poder y en esta hora, este esfuerzo es más urgente que nunca.

Así, frente al silencio de los gobiernos, es la sociedad civil la llamada a fortalecer la demanda por el respeto de ciertos mínimos que nos garanticen una convivencia pacífica. Esto no se trata de la ONU, la OEA o la Unión Europea, esto se trata de nuestra libertad y la erradicación de nuevas formas de dominación en el siglo XXI.

La agenda para enero 2026

Como parte de la Escuela de Temporada 2026 de la Universidad de Chile “Somos universidad, somos territorio”, la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM ha organizado una actividad gratuita y abierta a toda la comunidad:

Nombre de la actividad: Ruta patrimonial por la memoria y Taller de mapeo colectivo

Fecha: viernes 16 de enero

Hora: 08:50 a 13:15 hrs.

Lugar: Centro Bibliotecario de Puente Alto (punto de inicio y desarrollo taller mapeo colectivo)

Descripción: La actividad tiene una primera parte que inicia con la ruta patrimonial por la memoria, donde se recorrerán hitos urbanos de la comuna, haciendo una breve parada en cada uno de ellos, vinculando el espacio a sus características memoria históricas, y reflexionando en torno a algunos ejes temáticos. Hitos: 1. Memorial Claudio Pavez – 2. Memorial Derechos Humanos Provincia Cordillera – 3. Sitio de memoria Ex Regimiento Militar de Puente Alto – 4. Memorial Patricio González. La segunda parte consiste en un taller de mapeo colectivo, en el que se desplegarán herramientas para construir una narrativa colectiva en torno a la relación con el territorio y el espacio público, desde la mirada de la memoria, la historia reciente y los derechos humanos.

Facilitan: Memorias en Resistencia, Red Nacional de Sitios de Memoria, y Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, Universidad de Chile.

Dirigido a: Organizaciones de derechos humanos, estudiantes, público interesado.

Inscripción: AQUI