Rodrigo Bustos tras absolución de Claudio Crespo: “El Gobierno ha hecho suya la Ley Nain-Retamal”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, se refirió a la absolución del excarabinero, Claudio Crespo, en el caso de Gustavo Gatica, donde uno de los puntos más cuestionados es la utilización de la Ley Nain-Retamal en los argumentos del Cuarto Tribunal Oral en lo Penal de Santiago. “No nos hace gracia, desde Amnistía Internacional, decir, ‘lo dijimos’, pero la verdad es que lo dijimos”, cuestionó.

Bustos apuntó a que la tramitación de la iniciativa fue “express” y que “por ejemplo, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otra otras organizaciones de derechos humanos, pedimos poder intervenir en la Comisión de Seguridad del Senado, pero el senador Felipe Kast ni siquiera nos respondía la solicitud por correo electrónico, por oficio”. 

“Fue tan express todo, que incluso después de la aprobación en el Congreso había un grupo de parlamentarios que quería presentar un requerimiento al Tribunal Constitucional para que evaluara la conformidad de esta normativa de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos que el Estado de Chile ha suscrito (…) Y cuando esto ocurría, el Presidente Boric y su Gobierno se apuraron en promulgar al día siguiente de la aprobación en el Congreso, a las 8 de la mañana, esta normativa para que ni siquiera se pudiera analizar su constitucionalidad”, agregó.

El abogado explicó que advirtieron, respecto a la Ley Nain-Retamal, que: “No era simplemente para proteger a los funcionarios policiales o para darles certeza jurídica, sino que podía implicar impunidad para violaciones a los derechos humanos futuras y eventualmente pasadas, por el principio pro reo que puede aplicarse de manera retroactiva en materia penal. Eso fue precisamente lo que ocurrió con el veredicto del caso de Gustavo Gatica, que se aplica retroactivamente para que haya impunidad en un caso de violación a los derechos humanos en que se acredita quién fue que lo dejó mutilado de sus dos ojos”. 

“El Gobierno es responsable junto al Congreso de que se haya aprobado esta ley. El Gobierno apuró la tramitación legislativa, apuró la promulgación para que no fuera discutida en el Tribunal Constitucional. El Gobierno no utilizó su atribución de veto y es más, la Ley Nain-Retamal aparece, en los últimos días, entre sus logros. Por lo tanto, el Gobierno ha hecho suya la Ley Nain-Retamal”, enfatizó.

Posterior al estallido social, recordó Bustos, Amnistía Internacional hizo recomendaciones en materia de derechos humanos, “Por ejemplo, tener una ley que regule el uso de la fuerza con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Tener una reforma profunda, estructural a las policías, a Carabineros de Chile. Ninguna de esas dos cosas se hizo y no solo no se hizo eso, sino que se aprobó una ley como la Ley Nain-Retamal”, cuestionó.

“Todo eso, además, en un contexto de narrativas instaladas que criminalizan la protesta social, que lamentablemente son bastante transversales en la clase política chilena. Entonces, si hubiera manifestaciones masivas en 2026, en 2027, en los próximos años, multitudinarias, pacíficas, estamos en peores condiciones respecto a que esa posible represión o violaciones a los derechos humanos podrían absolutamente quedar en la impunidad mucho más de lo que sucedió en 2019”, agregó.

Caso Julia Chuñil

El director ejecutivo de la organización de derechos humanos, se refirió también a la detención de los tres hijos y un exyerno de Julia Chuñil, quienes son acusados de estar involucrados en el homicidio de la dirigente medioambiental mapuche. “Es fundamental que aquí prime el principio de objetividad y que no haya sesgos de ningún tipo, como lamentablemente ha ocurrido en otras investigaciones que se han llevado a cabo donde están involucradas personas del pueblo mapuche”, señaló.

El abogado agregó que desde Amnistía Internacional les interesa “conocer, en la audiencia, los argumentos y los fundamentos que tiene la Fiscalía. Esperamos, por supuesto, que sean determinaciones basadas en el principio de objetividad que tiene que regir el actuar del Ministerio Público, que no haya ningún tipo de sesgo de otra especie. Estaremos muy atentos y vigilantes a cuáles son los argumentos, los fundamentos y las pruebas para tomar este giro en la investigación”.