Ministro Cordero sobre su sucesor: Que estas instituciones “estén a cargo de exuniformados genera efectos endogámicos”

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, realizó un balance de la agenda de seguridad del Gobierno, además se refirió al desalojo de la Megatoma de San Antonio y el ingreso de la reforma a Gendarmería. 

El secretario de Estado analizó el periodo considerando cómo se encontraba el país al inicio de la administración. “Por distintos tipos de razones y esto tiene que ver en buena parte con los efectos de la pandemia, nosotros teníamos varios fenómenos que se encontraban en curso y que no fueron advertidos entre otras cosas, por la focalización que el país tenía. Esto no solamente en Chile, pasó en distintas partes del mundo”, dijo. 

Mencionó el aumento de la migración forzada, el aumento de la violencia en la Macrozona Sur y la focalización de recursos producto de la pandemia. “Esto que implicó que los esfuerzos del país en adelante fueran tratar de estabilizar y que el Estado, el Gobierno en particular, pusiera foco en tener por primera vez una política contra el crimen organizado, en actualizar la forma y modo de gestionar las policías”, mencionó.

“Lo segundo que yo creo que dio origen a estrategias de avance fueron los incentivos de acuerdos transversales Gobierno – Oposición. Chile actualizó su legislación como nunca lo había hecho antes. Se habla mucho de más de 70 leyes, pero en rigor es la calidad de esas leyes. Legislamos en temas como delitos económicos, hubo regulaciones muy significativas para abordar organizaciones criminales, etcétera”, complementó Cordero. 

En tercer lugar, el ministro apuntó a que “el país cambió el enfoque en materia de seguridad, o sea, le puso un enfoque más integrado, cosa que termina por cerrar ahora con la aprobación de la Ley de Seguridad Municipal. Y le da esta dimensión de que seguridad pública no solo es persecución penal y policía, sino que también tiene una dimensión preventiva en la cual nosotros debemos poner mucho énfasis y que requiere dimensiones de muy largo aliento. Usted puede tener mucho mucho foco en intervención policial y persecución penal, pero eso tiene ciertos niveles de eficiencia, a partir de ahí en adelante el Estado tiene que tener intervenciones más estructurales”. 

Sobre la percepción de seguridad y cómo afecta el discurso político, la autoridad destacó que “Chile está dentro del núcleo de países de fortaleza democrática muy significativa, o sea, tiene instituciones fuertes. Y Chile ha optado para abordar los temas de criminalidad y de delincuencia ocupando las estrategias del sistema institucional, es decir, donde la excepción u ocupar herramientas de excepción, un ejemplo sería Bukele, son más bien acotadas. Para los especialistas, Chile es uno de los referentes donde abordar crimen organizado a partir de fortalecer las instituciones permanentes del Estado, por ejemplo, el Ministerio Público y las policías”. 

Consultado sobre la idea de que un exuniformado ocupe el puesto de ministro de Seguridad Pública, el actual jefe de cartera puso foco en que “hemos tenido hechos muy graves al interior de instituciones armadas que están asociadas a temas de corrupción y donde se han establecido mecanismos sofisticados de control frente a ellos (…)  todos descansan en una idea y es que exista control civil sobre ellas”. 

“Cuando uno analiza la experiencia del resto de América Latina, que es el caso, por ejemplo, de México, el caso de Brasil, el caso de Colombia, la idea de que esas instituciones estén centralizadas, pero además a cargo de uniformados o de exuniformados, en general no tiene buenas evaluaciones porque genera efectos endogámicos en su interior. Que los civiles estén a cargo de estos sectores tiene una lógica del punto de vista de peso y contrapeso en el sistema institucional”, argumentó. 

En el caso del desalojo de la Megatoma de San Antonio, el Ministro aseguró que “en las experiencias comparadas, en el derecho comparado, hay casos emblemáticos a principios de los 90, como en los casos de Sudáfrica y de Francia, donde hubo imposibilidad de cumplir la sentencia y luego se dio origen a obligaciones de reparación por parte del Estado”. 

“En este caso el Estado da una señal: las sentencias deben ejecutarse, deben cumplirse, pero además cuando hay una cuestión de hecho tan grande y significativa como ésta, el Estado tiene que tratar de abordar una solución con ese propósito. La estrategia del Ministerio de Vivienda ha sido la expropiación y buscar en ese contexto un mecanismo de organización mediante cooperativas para dar una viabilidad en esa zona. Por lo tanto, que el desalojo solo aborde a un grupo muy acotado de personas en el área que no está sujeta a expropiación y que no es objeto de urbanización por muy distintas razones”, enfatizó.