Betssy Chávez: Fiscalía formaliza investigación por presunto tráfico de influencias y negociación incompatible
El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema aprobó el pedido de la Fiscalía de formalización y continuación de la investigación preparatoria contra la exministra de Trabajo del gobierno de Pedro Castillo, Betssy Chávez. Esta decisión se da en el marco de las indagaciones por los presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo y tráfico de influencias en agravio del Estado.
De acuerdo con la tesis del Ministerio Público, el caso gira en torno a las contrataciones de los familiares de la entonces pareja de Chávez, Abel Sotelo, en Cofopri, Essalud y en el Congreso de la República.
La investigación preparatoria pudo formalizarse luego de que el Congreso, en octubre de 2025, declarara haber lugar a la formación de causa penal contra la exministra por los delitos antes mencionados. Previamente, en abril de 2023, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional ante el Parlamento, en la que solicitó el levantamiento del fuero de la entonces excongresista a fin de poder investigarla penalmente.
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El caso
El caso gira en torno a la contratación de Marco Sotelo Villa como asistente nivel 2 del entonces despacho congresal de Betssy Chávez, quien anteriormente asumió como ministra de Trabajo. De acuerdo con la tesis fiscal, Chávez se habría interesado presuntamente en la contratación de Sotelo Villa, hermano de su entonces pareja sentimental, Abel Sotelo Villa.
Según la hipótesis del Ministerio Público, en octubre del 2021, Marco Sotelo presentó ante el área de Recursos Humanos del Congreso una declaración jurada de datos personales y una declaración jurada de verificación de experiencia laboral previa. Sin embargo, en el primer documento omitió consignar el vínculo de parentesco con Abel Sotelo (su hermano), "aparentemente, para evitar que se le vincule con Betssy Chávez Chino".
No obstante, en marzo del 2022, Sotelo presentó su renuncia. La Fiscalía detalla que durante su estadía como servidor del Parlamento percibió S/42.464,48.
La investigación también se centra en la contratación de Marco Sotelo como apoyo administrativo en Essalud, adscrita al Ministerio de Trabajo, entonces presidida por Chávez Chino.
Por otro lado, el Ministerio Público también acusa a Chávez Chino de presuntamente interesarse en la contratación de Flor Sotelo Villa, hermana de su entonces pareja Abel Sotelo Villa, en su despacho congresal. En septiembre del 2022, se habría materializado la contratación como auxiliar nivel 2 de su despacho.
En noviembre del 2023, tras un reportaje del dominical de Cuarto Poder, titulado 'La ministra y su familia favorita', se dio cuenta de las contrataciones realizadas y, un día después, Sotelo Villa renunció a su cargo.
Por otra parte, la Fiscalía atribuye a Chávez Chino la contratación de Antonio Sotelo Calderón, padre de su entonces pareja, como intendente regional de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunaifl) en Puno. Previamente, Sotelo Calderón se desempeñó como Coordinador Territorial del Centro Desconcentrado Territorial del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de la Región Tacna.
La designación se ralizó en diciembre del 2021, pero renunció en febrero del 2022 por motivos de salud.
De igual manera, también se le acusa a Chávez Chino por la contratación de su entonces suegro como representante titular del Ministerio de Trabajo ante el Consejo Nacional de Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial-Senati en enero del 2022.
El mismo caso sucedió al ser designado como jefe de la Oficina Zonal de Tacna del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri) en marzo del 2022.