La no intervención y sus contradicciones
El principio de no intervención que contempla el artículo 2.4 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas no da margen alguno a interpretaciones: los miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas.
Como la propia disposición lo indica, la no intervención está sujeta a una condición: que el uso de la fuerza contra la integridad de un Estado miembro se ejerza de forma incompatible con los propósitos que tutela la Organización misma. Ello abre una interrogante inevitable, pues si el uso de la fuerza internacional se realizara precisamente con el propósito de satisfacer los fines que persiguen las Naciones Unidas, ¿podría entonces considerarse legítimo?
El derecho es, por naturaleza, lógico y profundamente humano. Las normas de conducta que lo integran no son estáticas: evolucionan y se adaptan a la realidad que les da forma. En ese sentido, resulta inevitable preguntarse cómo debe interpretarse un principio concebido en junio de 1945, a ochenta años de distancia y frente a una realidad internacional radicalmente distinta. ¿En qué momento el combate contra la delincuencia internacional en un territorio extranjero empieza a ser una intervención?
En el contexto de las acciones militares desplegadas en Ucrania y Palestina, el uso de la fuerza empleada por los Estados Unidos de América para someter a Nicolás Maduro el pasado 3 de enero vuelve a colocar sobre la mesa interrogantes vigentes y de enorme relevancia.
No parece necesario abundar en explicaciones para sostener que Venezuela ha estado sometida, durante los últimos veintiséis años, a un régimen dictatorial de carácter criminal. Basta observar el fenómeno migratorio que ha atravesado —con una diáspora que alcanza a cerca de un tercio de su población— para constatar que el rumbo seguido por su gobierno ha sido profundamente nocivo para su pueblo.
La pregunta, entonces, es inevitable: ¿debe la comunidad internacional conducirse de manera contemplativa frente a las dictaduras regionales aún existentes, como lo ha hecho hasta ahora, con el solo propósito de no quebrantar el principio de no intervención? ¿Es de esperarse que la comunidad internacional sea indolente frente al sufrimiento de los pueblos para preservar el principio de no intervención?
Si hay un tema sobre el cual el planeta haya avanzado notablemente durante la última década, ha sido en el esfuerzo colectivo por hacer efectivos los derechos de igualdad de los pueblos y de los individuos, y el respeto por los derechos humanos. Como nunca antes, el Estado moderno ha impulsado y tolerado el crecimiento de tecnologías de la información que facilitan la libre expresión de las ideas, sin restricciones.
Frente a un régimen que ha arrebatado la paz y la libertad a su pueblo, otros principios contenidos en la misma Carta de la Organización de las Naciones Unidas que determina la no intervención no pueden pasar inadvertidos: conforme a su artículo 1.3, es propósito de la Organización el de la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.
Con la finalidad de proteger el propósito de la Organización de las Naciones Unidas, de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los ciudadanos del mundo, los Estados parte deberían haber tomado parte, desde hace mucho tiempo, en la solución de los problemas que aquejan a muchos países en los que sus gobiernos han arrebatado la paz, la libertad y la estabilidad a los ciudadanos. No existe perspectiva alguna del derecho que legitime la imposición del principio de no intervención para proteger dictaduras y provocar los fenómenos de migración que asfixian al mundo.
No puede invocarse el derecho para tutelar gobiernos que conducen su política y sus acciones fuera de los cauces democráticos y fuera del derecho mismo. La materialización del derecho de autodeterminación de los pueblos no debe supeditarse a un necesario baño de sangre para restablecer la gobernabilidad de una nación. Cuando el gobierno se hace del poder constitucional y las fuerzas armadas para cometer delitos contra su propia población, como sucede en muchos lugares, el derecho no debe ser un obstáculo para liberar de su yugo a un pueblo.
Es cierto, y es justo reconocerlo, que ninguna persona puede hacer justicia por propia mano ni emplear la fuerza con ese propósito, pues ello conduce irremediablemente a la guerra y a la barbarie. No obstante, resulta igualmente inmoral suponer que el mundo entero deba abstenerse de actuar y cooperar para liberar de su destino a un pueblo engañado y sometido, cuando es evidente el uso del poder con fines contrarios a los derechos humanos más elementales.
Puede afirmarse contundentemente que es un principio general del derecho que quien tiene conocimiento de un delito tiene el deber jurídico y moral de denunciarlo. Asimismo, quien tiene la fuerza para detener a un delincuente y proteger a la víctima, tiene el deber moral de hacerlo.
Esa analogía, que se desprende de la lectura misma de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, se entiende como un principio de paz y de gobierno en nuestro régimen constitucional y en el de todos los países civilizados.
Ante el rompimiento de la paz y la violación sistemática de los derechos humanos en el régimen interior de cualquier país; ante la destrucción oprobiosa de las instituciones diseñadas para garantizar los cauces democráticos mediante los cuales se expresa un pueblo; ante el apoderamiento corrupto de las fuerzas armadas y la simulación permanente de respeto al orden constitucional, la comunidad internacional no sólo tiene un deber moral, sino una obligación derivada del derecho internacional, de intervenir oportunamente y detener el sufrimiento de un pueblo. No hacerlo en nuestros días nos exhibe como una sociedad tan globalizada… como hipócrita.