Autoridad electoral de Honduras rechaza recuento de votos y denuncia injerencia política
Tegucigalpa, Honduras. La autoridad electoral de Honduras consideró este lunes ilegal que el gobierno saliente de izquierda haya ordenado un recuento de votos de los reñidos comicios presidenciales que dieron ganador al empresario Nasry Asfura, apoyado por Donald Trump.
La presidenta Xiomara Castro considera que los resultados electorales están “viciados de nulidad” por la “injerencia” del presidente de Estados Unidos, que amenazó con recortar la ayuda a Honduras si no ganaba el candidato conservador.
Asfura se reúne este lunes en Washington con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, cuya oficina advirtió el pasado fin de semana que “cualquier intento de revertir ilegalmente las elecciones de Honduras tendrá consecuencias graves”. El mandatario electo asumirá el 27 de enero.
Castro, quien también denuncia “manipulación” del escrutinio, promulgó una decisión del Congreso que ordenó el viernes el recuento de votos en una sesión en la que no participaron los opositores.
Pero la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, aseguró este lunes que se trata de “directrices inconstitucionales e ilegales” con las que se pretende “usurpar” atribuciones del organismo.
No es una decisión “vinculante”, añadió.
Más de tres semanas después de las votaciones, Asfura, de 67 años, fue proclamado vencedor por menos de un punto porcentual de ventaja sobre el derechista Salvador Nasralla, quien denunció fraude.
Castro también rechaza que en vísperas de la elección Trump hubiera indultado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, copartidario de Asfura, cuando cumplía una condena a 45 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.
El jefe de las Fuerzas Armadas, Héctor Valerio, afirmó este lunes que esa institución continúa “respaldando la declaratoria del CNE” que dio la victoria a Asfura, y garantizó la custodia del material electoral.
Para el abogado constitucionalista Oliver Erazo, el recuento decretado por la presidenta es “totalmente ilegal”, pues viola la independencia de las autoridades electorales.
La única forma de que esto ocurra es mediante el “uso de la fuerza y de las armas y el desorden social”, señaló el jurista a la AFP, y explicó que el decreto podrá ser derogado por Asfura o el nuevo Congreso.