Se suspende la vista entre el juez García-Castellón y Belarra para decidir si van a juicio

No ha podido celebrarse la audiencia previa prevista para este lunes en que se iba a dilucidar si el juez jubilado Manuel García-Castellón llevaba a juicio a Ione Belarra por llamarle "corrupto", según ha podido saber LA RAZÓN de solventes fuentes jurídicas.

La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha suspendido finalmente el señalamiento al no haberse presentado el representante del Ministerio Fiscal y les vuelve a citar para la celebración de la vista el próximo 10 de febrero.

Si la portavoz parlamentaria de Podemos no se retracta, el exmagistrado ya hizo saber que la llevaría a juicio en protección de su derecho al honor.

En esta audiencia previa se debía aclarar en qué fecha Belarra se sentaría finalmente en el banquillo de los acusados, qué testigos serían llamados a declarar en esta segunda fase del proceso y qué pruebas quiere cada una de las partes que se practiquen.

Las actuaciones judiciales se iniciaron tras la presentación por parte de García-Castellón de una demanda contra la dirigente morada ante el Tribunal Supremo, instancia donde ella está aforada como miembro del Congreso de los Diputados.

Pero el pasado junio el alto tribunal determinó que no era un asunto de competencia al entender que Belarra no había acusado al juez retirado de ser un prevaricador en el ejercicio de sus labores parlamentarias. Y, por tanto, debía ser un tribunal ordinario el que conociese la demanda.

Fue, entonces, cuando la jueza de Plaza de Castilla les convocó para este lunes en una vista en que se puede también recurrir a una negociación para intentar llegar a un acuerdo, que, en este caso, se descarta de plano, tal y como explican a este diario fuentes conocedoras del procedimiento.

El histórico magistrado instructor de la Audiencia Nacional acusó a Belarra en su demanda de haber vulnerado su derecho al honor con dos tuits que publicó, coincidiendo con su jubilación, en los que le tachaba de "juez corrupto", le atribuía haber "prevaricado contra quienes defienden otra idea de España" y de estar llevando a cabo una "guerra sucia judicial" contra su formación política.

Tras conocerse la interposición de la acción legal, la diputada del Grupo Mixto reaccionó asegurando: "Se querella contra mí por decir la verdad, que lo que ha hecho para proteger al PP y para seguir a los adversarios políticos de la derecha es corrupción con o sin condena".