Pedro Sánchez entierra las leyes antibulos y solo impulsará reformas judiciales
- Las medidas anunciadas tras los “cinco días de reflexión”
- Desgaste del relato gubernamental
- Prioridad: acuerdos con Junts, amnistía y estabilidad de la legislatura
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mandado a un cajón las normativas sobre medios de comunicación que anunció tras los famosos cinco días de reflexión de hace año y medio. Tras dejar su continuidad en vilo por la imputación de su mujer, Begoña Gómez, impulsó una batería de leyes contra los “pseudomedios” de comunicación, a los que acusó de fabricar bulos que habían derivado en las pesquisas contra su esposa.
Las medidas anunciadas tras los “cinco días de reflexión”
La ley del secreto profesional, tipificar qué es un medio de comunicación y qué no… son algunas de las pocas medidas que el Gobierno aterrizó y trató de poner patas. Pero desde que se aprobaron en el Consejo de Ministros, no ha habido avance alguno.
El Ejecutivo lanzó estas medidas a bombo y platillo, pensando que calarían bien en su electorado. Pero la realidad ha dado un revés a Moncloa, según explican fuentes del ala socialista del Gobierno a Confidencial Digital.
Desgaste del relato gubernamental
El Gobierno buscó una especial movilización en aquellos días, Ferraz convocó a cargos y militantes en la sede del partido para escenificar una protesta contra lo que consideraban una “persecución política y judicial”. Pero desde entonces, han surgido una serie de casos que han quebrado el discurso gubernamental.
El primero, el ‘caso Koldo’ y su derivada sobre Santos Cerdán, mano derecha del presidente hasta mayo y ahora cabecilla de la trama, según apunta la UCO. Y el segundo, la condena al fiscal general, que ha terminado por sentenciar a quien el Ejecutivo consideraba inocente y situaba en el mismo saco que las investigaciones al hermano y mujer del presidente.
En Moncloa estaban convencidos de que el Tribunal Supremo absolvería a Álvaro García Ortiz, y que dicho fallo sería la primera piedra de una retahíla de archivos y absoluciones que tumbarían las causas “políticas” contra el presidente y su entorno. Con esa motivación anunció las reformas sobre los medios de comunicación, pero ha permeado en la sociedad de forma bien distinta a lo planeado en el Gobierno.
Según explican fuentes de Moncloa, estas medidas se han entendido como un ataque a la libertad de prensa, y a las informaciones que no gustan en el Ejecutivo; incluso entre quienes consideran que hay intereses políticos detrás y que apoyan la inocencia de los familiares de Sánchez, existe rechazo a estas leyes por considerarlas una injerencia política en poderes fiscalizadores del Gobierno.
Así lo ha detectado la Moncloa, que ha optado por meter en un cajón definitivamente estas medidas. De la batería que anunció en un principio apenas un puñado se han transformado en anteproyectos o proyectos de ley, pero se han empantanado en los trámites. Una fórmula que a menudo utiliza el Ejecutivo para frenar normas sobre las que no tiene los apoyos. Pero en este caso, es el propio Gobierno el que ha decidido enterrarlas.
Prioridad: acuerdos con Junts, amnistía y estabilidad de la legislatura
La misión principal ahora es cumplir con lo acordado por Junts, conseguir el regreso de Carles Puigdemont con el aval de la justicia europea a la amnistía y la luz verde del Tribunal Constitucional, y tratar de enderezar una legislatura muerta. Moncloa aplazará cualquier objetivo que se desvíe de este o lo ponga en peligro, y más con un carrusel electoral por delante.
En este 2026 se celebrarán al menos tres elecciones: en Aragón, el 8 de febrero, en Castilla y León, a finales de febrero o principios de marzo, y en Andalucía antes del verano. El revés en Extremadura, donde el PSOE ha obtenido el peor resultado de su historia, ha servido de aviso, y el Ejecutivo no levantará ni media polémica en estos meses, que determinarán un posible adelanto electoral de las generales para otoño de 2026.