El Gobierno liquida la solidaridad autonómica en favor de Cataluña
No convenció a nadie salvo a ERC y a la Generalitat de Cataluña. Ni siquiera a los independentistas de Junts. El nuevo sistema de financiación autonómica que presentó ayer la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encontró el rechazo mayoritario de todas las autonomías, populares y socialistas, salvo el apoyo explícito de Salvador Illa por recibir una «financiación justa». Y hasta ahí las frases de apoyo: «Es una patada a la igualdad y la unidad de España»; «El sistema es un nuevo atropello»; «Rompe la multilateralidad»; «Es un traje a medida para ERC y Cataluña»; «Un impresentable pacto unilateral del modelo»... Son reacciones de los gobiernos regionales a una propuesta que, según Montero, reportará al conjunto de comunidades de régimen común 20.975 millones de euros más en 2027, con unos recursos totales –si finalmente se aprobara, algo imposible ahora mismo– que alcanzaría los 224.507 millones, un 47% más que los 152.484 millones de 2023, que es el último ejercicio liquidado. Un modelo que la vicepresidenta presentará en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el próximo miércoles.
Para alcanzar esta cifra, Montero propondrá a las comunidades elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente, por lo que los recursos del sistema de financiación aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el año 2027.
Este incremento supondría que «la mayor parte de los ingresos procedentes de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones», aseguró. La ministra defendió que con el nuevo sistema ganan todas las comunidades. Pero la letra pequeña dice otra cosa. Es verdad que algunas regiones ahora infrafinanciadas son las que en mayor medida verían mejorada su financiación, con hasta un 60% más. De acuerdo con las cifras facilitadas por el Ministerio de Hacienda, Andalucía recibiría 4.846 millones de euros, Cataluña 4.686 y la Comunidad Valenciana 3.669 millones, pero el principio de ordinalidad no se cumpliría con todas las regiones, sino que beneficiaría especialmente a Cataluña y perjudicaría principalmente a la Comunidad de Madrid, que recibiría solo 2.555 millones, casi la mitad que Cataluña cuando es la que más aporta y triplica en entregas a la segunda. El resto de comunidades se repartirá lo que queda hasta los 20.975 millones extra prometidos de financiación: Castilla-La Mancha, con 1.248 millones; Murcia, 1.188; Aragón, 629; y Canarias, 611; Baleares, 412; Castilla y León, 271; Galicia 587; Asturias, 248 y La Rioja, 25 millones.
Además, en el caso de Cantabria y Extremadura, ambas perderían con el nuevo sistema, pero el Gobierno plantea reformular el Fondo de Compensación Interterritorial para establecer un tramo específico que permita mantener su «statu quo», del que les corresponderían 46 y 216 millones de euros, respectivamente, algo que no se haría con Madrid.
Montero admitió abiertamente que el grueso del incremento de fondos del Estado se centra en el mayor porcentaje del IRPF y el IVA, lo que favorece «a las comunidades más dinámicas», es decir, a las más prósperas y, por tanto, beneficia directamente a Cataluña, como exigía ERC. Su presidente, Oriol Junqueras, reconocía ayer sin reparos que este principio de ordinalidad –por el que un territorio no debe aportar más al Estado de lo que se revierte–, solo es posible aplicarse en el caso de Cataluña y no sobre el resto de regiones, por lo que se pone en duda el espíritu y el concepto del propio sistema: «Es verdad que el modelo respeta la ordinalidad con Cataluña. ¿Eso quiere decir que la ordinalidad es un principio general en el modelo y que se aplicará a todas las comunidades autónomas? No. Y la razón por la que no se aplicará es porque es inaplicable para todos». También volvió a lanzar una directa amenaza a Pedro Sánchez sobre los Presupuestos del Estado y los de la Generalitat, que no apoyarán «hasta que el Estado acceda a transferir la recaudación y gestión del 100% del IRPF a la Agencia Tributaria Catalana».
Montero tuvo que admitir que con este sistema «se corrigen diferencias injustificables, ya que el sistema tiende al principio de ordinalidad», pero la realidad es que no es equitativo y perjudica ampliamente a regiones como Madrid, que no alivia su situación con el presunto «sistema de nivelación», por el que «las comunidades con una capacidad tributaria por habitante ajustado por debajo de la media reciban más recursos y aquellas que están por encima de la media aporten más recursos al sistema, de forma que éste se nivela». Un sistema que beneficia directamente a Cataluña por esta ordinalidad, pero que no garantiza que sea igual para otras comunidades autónomas.