El grave error de convertir el sistema de pensiones en uno asistencial
Una de las transformaciones más silenciosas, pero también más profundas y preocupantes, que está experimentando el sistema público de pensiones en España es su progresiva mutación desde un modelo contributivo hacia uno crecientemente asistencial. Esta deriva no es fruto de una casualidad ni de una evolución inevitable, sino de decisiones políticas concretas, entre las que destaca de forma señalada la fuerte y reiterada subida de las pensiones no contributivas muy por encima de la evolución de las contributivas y, sobre todo, de la capacidad real del sistema para financiarlas.
Conviene recordar un principio básico: el sistema público de pensiones se diseñó como un sistema contributivo. Esto significa que, aunque sea de reparto, existe una relación directa entre lo aportado a lo largo de la vida laboral y lo recibido posteriormente en forma de pensión. Esa relación no solo es un criterio de justicia elemental, sino también un pilar fundamental para la sostenibilidad financiera y para la legitimidad social del propio sistema. Cuando esa conexión se debilita, los incentivos se distorsionan y el sistema entra en una senda peligrosa.
El incremento acelerado de las pensiones no contributivas, presentado políticamente como una medida de justicia social, encierra en realidad varios problemas graves. El primero es financiero. Las pensiones no contributivas no se financian con cotizaciones, sino con impuestos. Aumentarlas de forma intensa y estructural implica elevar el gasto público permanente sin una fuente de financiación clara y estable, en un país que ya arrastra un elevado déficit estructural y una deuda pública que roza niveles preocupantes. Pretender que este aumento no tiene impacto sobre la sostenibilidad del sistema es ignorar la aritmética presupuestaria.
La pobreza debe combatirse, pero con políticas asistenciales claramente definidas
El segundo problema es de equidad. Al elevarse las pensiones no contributivas a un ritmo muy superior al de las contributivas, se produce un agravio comparativo evidente para quienes han cotizado durante décadas. Trabajadores que han realizado un esfuerzo contributivo sostenido ven cómo la distancia entre lo que reciben y lo que recibe quien no ha cotizado –o lo ha hecho de forma muy limitada– se estrecha peligrosamente. Esto no sólo resulta injusto desde el punto de vista moral, sino que mina la confianza en el sistema y lanza un mensaje desincentivador al trabajo formal y a la cotización.
El tercer problema es de incentivos económicos. Un sistema que reduce de forma artificial la diferencia entre pensiones contributivas y no contributivas erosiona el principio de responsabilidad individual. Si la percepción social acaba siendo que el esfuerzo contributivo no compensa de manera clara en el largo plazo, se fomenta la economía sumergida, se reduce la base de cotizantes y se agrava, paradójicamente, el problema financiero que se pretende solucionar. No hay política social sostenible que ignore los incentivos.
Además, esta deriva asistencial se produce en un contexto demográfico adverso. España afronta un envejecimiento acelerado de la población, una baja natalidad persistente y una relación cada vez más desfavorable entre cotizantes y pensionistas. En este escenario, cualquier aumento estructural del gasto en pensiones debería analizarse con extrema prudencia. Sin embargo, el Gobierno parece optar por decisiones cortoplacistas, guiadas más por criterios políticos inmediatos que por una visión de largo plazo del sistema.
Transformar el sistema de pensiones en un instrumento de redistribución asistencial generalizada no sólo pone en riesgo su viabilidad, sino que confunde planos que deberían estar separados. La lucha contra la pobreza y la exclusión social es un objetivo legítimo y necesario, pero debe abordarse a través de políticas asistenciales claramente definidas, financiadas vía presupuestos generales y sometidas a criterios de eficiencia y focalización. Usar el sistema de pensiones contributivas como vehículo indirecto para esa finalidad es conceptualmente erróneo y económicamente irresponsable, además de injusto para quienes han cotizado décadas.
El resultado de esta estrategia es previsible: un sistema cada vez menos contributivo, más dependiente de transferencias del Estado, más vulnerable a los ciclos políticos y con menor respaldo social entre quienes sostienen el grueso de la recaudación. En última instancia, se corre el riesgo de romper el contrato implícito entre generaciones que ha sustentado el sistema durante décadas.
Preservar un sistema de pensiones sólido exige recuperar el principio contributivo, respetar la proporcionalidad entre esfuerzo y prestación y abordar las políticas asistenciales por vías separadas y transparentes. Lo contrario es un serio problema estructural para mañana y una enorme injusticia.