Carlincatura del viernes 9 de enero de 2026
Las colas extensas y el hacinamiento en el Metropolitano ponen en riesgo la salud de miles de personas. Adultos mayores, niños, gestantes y personas con discapacidad esperan de pie bajo altas temperaturas, sin ventilación ni protección adecuada. Esta situación es un problema de salud pública que el Estado, en particular la Municipalidad de Lima, debe atender con prontitud.
La crisis del Metropolitano también expresa la profunda brecha entre Lima y otras capitales de la región que han apostado por un transporte público moderno, eficiente y centrado en el ciudadano. Mientras ciudades como Santiago o Bogotá avanzan en flotas mejor equipadas, tiempos de espera controlados y estaciones diseñadas para proteger a los usuarios, Lima sigue ofreciendo un servicio precario para millones de personas que no tienen otra alternativa de movilidad. Esta desigualdad en la calidad del transporte reproduce exclusión urbana y limita el derecho a la ciudad.
A esta brecha se suma una responsabilidad política concreta. Durante la gestión del hoy renunciante alcalde Rafael López Aliaga, la Municipalidad de Lima ha realizado un gasto significativo en diversas áreas, pero muy poco de ese presupuesto se ha traducido en inversiones orientadas a hacer más eficiente, más humano y más amigable el transporte público que depende del Estado. No se priorizó la modernización de la flota, ni la mejora de estaciones. El resultado es un sistema que opera al límite, sin capacidad de respuesta frente a condiciones climáticas previsibles.
El sistema de transporte ignora el impacto del calor y la espera prolongada en los cuerpos más vulnerables. Los golpes de calor, la deshidratación y las descompensaciones cardiovasculares son riesgos previsibles. Cada verano se repite el mismo escenario porque la gestión del Metropolitano no incorpora la salud como criterio central de operación.
La Municipalidad debe entender que proteger a los usuarios vulnerables es una obligación pública, no caridad. Mientras no se asuma así, el Metropolitano y demás servicios públicos seguirán funcionando a costa de la salud y derechos de quienes más dependen de él.