Muerte de Renee Nicole Good en manos de ICE desata confrontación entre el gobierno federal y los estatales

Una de las políticas insignes de la administración de Donald Trump ha sido, desde el primer día, la política migratoria y el compromiso de expulsar a cientos de miles de inmigrantes desde territorio estadounidense. Una promesa que inicialmente conquistó a una parte importante del electorado y que fue clave para el regreso del republicano a la Casa Blanca, pero que hoy es uno de los principales focos de tensión al interior del propio país.

La tarde de este miércoles, en la ciudad de Minneapolis, en medio de una masiva redada de la policía federal migratoria, ICE (por su siglas en ingles) —en la que participaron más de 2 mil agentes— uno de ellos disparó y mató a una  mujer que se encontraba al interior de su vehículo. La víctima fue identificada como Renee Nicole Good, de 37 años, madre de tres hijos, ciudadana estadounidense y que estaba en el lugar como una observadora autorizada del operativo.

Desde la Casa Blanca sostienen que el disparo fue un acto de legítima defensa, mientras que las autoridades locales de Minneapolis y del estado de Minnesota consideran que el uso de la fuerza fue injustificado, pues la víctima no representaba una amenaza real para la vida del agente.

El propio Donald Trump se refirió al hecho señalando que las imágenes eran “algo horrible de ver”. Sin embargo, sostuvo que la conductora se comportaba de forma “muy desordenada, obstruyendo y resistiendo”, y que posteriormente habría atropellado de manera “violenta, deliberada y cruel” al agente del ICE, quien, según el mandatario, habría disparado en defensa propia.

Trump fue más allá y calificó a la víctima como una “agitadora profesional”, atribuyendo el episodio a un clima de hostilidad generado por lo que denomina la “izquierda radical”.

“Debemos apoyar y proteger a nuestros oficiales frente a este movimiento de odio”, afirmó, reforzando su consigna de “hacer a América segura de nuevo”.

En la misma línea, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó el hecho como un “acto de terrorismo doméstico” contra el servicio migratorio y responsabilizó directamente a las autoridades demócratas locales por no hacer cumplir las leyes federales. De acuerdo a Noem, el alcalde y el gobernador “se niegan a proteger a los habitantes de Minnesota y, en cambio, optan por proteger a los delincuentes”.

Estas declaraciones fueron duramente rechazadas por el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien calificó la versión del gobierno federal derechamente como “basura”. Frey denunció que el despliegue de más de 2 mil agentes federales no está entregando seguridad, sino que está generando caos y desconfianza en la comunidad, por lo que incluso pidió explícitamente que los agentes migratorios abandonaran la ciudad.

La congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez fue aún más directa, describió lo ocurrido como “un asesinato público”. Con esta muerte, ya son al menos cinco los fallecimientos vinculados a operativos migratorios recientes en grandes ciudades de Estados Unidos.

Tras el hecho, comenzaron protestas en distintos puntos de Minneapolis, con arrestos y enfrentamientos aislados, mientras que manifestaciones similares se están organizando en ciudades como Nueva Orleans, Miami, Seattle y Nueva York. Pero lo más delicado no está solo en las calles, sino en la escalada política e institucional entre el gobierno federal y el gobierno estatal.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, emitió una “orden de advertencia” para la Guardia Nacional, un aviso formal para que las tropas se preparen para una eventual movilización. Declaró el Estado de Emergencia y activó el Centro de Operaciones de Emergencia para coordinar una respuesta ante posibles disturbios. Walz fue enfático en señalar que estas son “nuestras tropas” y que su misión será proteger a los vecinos y permitir que la investigación estatal se desarrolle sin interferencias.

Esta decisión tiene un trasfondo político y estratégico profundo. Walz busca marcar soberanía estatal frente a lo que considera una invasión federal. Al mismo tiempo, evitar que el escenario se descontrole y le entregue a Trump la excusa perfecta para invocar la Ley de Insurrección.

 

Si la policía local y la Guardia Nacional mantienen el orden, el presidente no tendría justificación legal para desplegar tropas federales activas. En los hechos, Walz está llenando el tablero con sus propias fuerzas y ha prohibido que las policías estatales colaboren con las redadas de ICE.

No obstante, este enfrentamiento oculta algo mucho más profundo, una de las mayores grietas constitucionales en la historia moderna de Estados Unidos. En el siglo XX existieron episodios donde tropas estatales y federales se enfrentaron, pero casi siempre porque el gobierno federal buscaba obligar a los estados a cumplir sentencias judiciales, especialmente en materia de derechos civiles. Hoy ocurre lo contrario, un estado intenta proteger a sus residentes frente a una agencia federal que considera que actúa de forma temeraria o ilegal.

Es la mayor tensión interna desde el conflicto de Texas con el gobierno federal en Eagle Pass en 2024, pero ahora con un elemento polarizante adicional, una muerte y un despliegue militar masivo en una gran ciudad. Trump habla de terrorismo y defensa propia, mientras Walz investiga un posible homicidio.

El uso de la Guardia Nacional como escudo es inédito. No se trata de desobedecer una ley, sino de impedir que el gobierno federal controle las calles. El riesgo es que Trump decida federalizar a la Guardia Nacional bajo el Título 10 del Código de Estados Unidos, obligando a los soldados a responder directamente al Pentágono. Esa medida podría generar una fractura interna sin precedentes, ya que los efectivos son ciudadanos de Minnesota y podrían verse obligados a actuar contra su propia comunidad.

A esto se suma la posibilidad de invocar la Insurrection Act de 1807, que permitiría al presidente desplegar tropas activas dentro del país. Trump podría argumentar que el estado está obstruyendo la justicia federal. Si esto ocurre, el conflicto llegaría rápidamente a la Corte Suprema, pero mientras tanto, podrían coexistir fuerzas armadas estatales y federales operando bajo órdenes contradictorias en las mismas calles, lo que los historiadores norteamericanos definen como una crisis constitucional de segundo grado.

Lo que sucede en Minnesota no es un hecho aislado. Gobernadores de estados como California e Illinois han señalado que no permitirán que sus guardias nacionales sean utilizadas en redadas masivas, configurando un verdadero bloque de resistencia estatal. Estamos viendo el colapso del consenso federalista que históricamente permitía resolver las disputas institucionales.

La retórica de Trump en su segundo mandato ha escalado de forma inédita. Habló abiertamente de traición, insurrección y retribución política. En 2025 amenazó con arrestar al gobernador de California, Gavin Newsom, y señaló que tiene derecho a perseguir judicialmente a sus adversarios políticos. Incluso, acusó a congresistas demócratas de sedición y legitimó discursos que rozan la violencia política.

Stephen Miller, uno de sus principales asesores, reforzó esta narrativa vinculando la resistencia política con criminalidad y justificando una respuesta cada vez más militarizada. La Casa Blanca comenzó a calificar a ciertos movimientos de protesta como “terroristas domésticos”, lo que habilita mecanismos legales mucho más agresivos de vigilancia y represión.

Trump hasta ha sugerido que algunas ciudades gobernadas por demócratas podrían ser utilizadas como campos de entrenamiento militar para operaciones urbanas.

Todo esto tiene un telón de fondo electoral. La administración advirtió que cualquier derrota republicana será interpretada como fraude e insinuó la posibilidad de desplegar fuerzas federales para “proteger” las elecciones. El control territorial no sería solo un asunto de orden público, sino una herramienta de poder político.

Estamos, en los hechos, frente a un federalismo en pie de guerra, donde la Casa Blanca parece estar midiendo hasta dónde pueden resistir los estados antes de avanzar hacia un control centralizado más agresivo.

Así, el asesinato de Renee Nicole Good no es un hecho aislado, sino el detonante visible de una confrontación estructural que crece día a día dentro de Estados Unidos y que amenaza con escalar a niveles sin precedentes en la historia moderna del país.