El show del régimen está empeorando la criminalidad

El gobierno ha optado por administrar la inseguridad como un espectáculo. Operativos con cámaras con el presidente posando para la foto en zonas tomadas por el delito. No son pocos los analistas en seguridad que advierten que se tratan de puestas en escena diseñadas para distraer a la población, y no para tener resultados. Mientras tanto, la extorsión sigue avanzando y se vuelve cada vez más rentable.

La criminalidad que hoy asfixia al transporte público en Lima y Callao exige la aplicación de políticas públicas concretas, no escenografías.

La extensión del fenómeno es también cuantitativa: más de 23,000 denuncias de extorsión se registraron entre enero y octubre de 2025, un incremento de casi 27,4 % respecto al mismo período del año anterior, con Lima Metropolitana y Callao como epicentros de este flagelo.

 Estas cifras muestran que la criminalidad es una realidad estructural de la economía urbana y no un brote episódico.

La extorsión es una actividad sistemática que requiere inteligencia policial, además de análisis financiero y cómo este se relaciona con el control territorial de las mafias que mientras pasa el tiempo tienen el descaro de elevar sus montos.  La lógica es de “tarifas”, como si fueran un impuesto informal, con métodos sofisticados para recolectar pagos y castigar la resistencia con violencia extrema.

Bajo esa lógica, la criminalidad responde directamente a incentivos. En este caso, al ser la impunidad alta y el riesgo de cometer crímenes bajo, las organizaciones criminales tienen ahora la impudicia de ajustar sus tarifas, mientras expanden su radio de acción y siguen afianzando su poder territorial.

En este contexto, los transportistas viven atrapados entre dos poderes. Las mafias que cobran por permitir trabajar y el Estado que no ofrece casi ninguna garantía para vivir y desarrollar una actividad comercial en paz. No sorprende, entonces, que las convocatorias a paros se legitimen socialmente y sigan siendo la única medida de protesta hasta el momento.

Vale decir que cada paralización fractura cada vez más la brecha del pacto mínimo entre ciudadanía y Estado.

Ninguna fotografía sustituye la persecución planificada del delito. Y para ello, es fundamental dotar de recursos a grupo de probada solvencia ética que no coluda con el lumpen, como se observan en las denuncias cotidianas que continúan, para lamento de los más pobres del país, ocurriendo.