“Un precedente especialmente grave”: Gobierno rechaza proyecto que beneficiaría a reos de Punta Peuco

Tras el receso de fin de año, el Senado retomó sus actividades con la discusión de iniciativas complejas, entre ellas, el proyecto de ley que regula la suspensión y el cumplimiento alternativo de penas privativas de libertad.

La iniciativa, presentada por senadores de Chile Vamos y que ya fue aprobada en general por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, propone la cancelación de la pena o su cumplimiento bajo reclusión domiciliaria total para condenados con enfermedades graves o mayores de 80 años. Sin embargo, la propuesta genera un firme rechazo del Gobierno y el oficialismo, al no excluir explícitamente a condenados por delitos de lesa humanidad y crímenes sexuales contra menores.

Este martes, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, aseveró que el proyecto “establece que criminales que han cometido delitos graves eventualmente puedan tener todo tipo de beneficio”, sin hacer distinciones para quienes hayan cometido delitos de lesa humanidad o sexuales contra menores.

“Nos parece que es un precedente especialmente grave”, afirmó. Además, reafirmó el principio de fondo del Ejecutivo: “La postura que hemos expresado de manera categórica es que, quien en Chile delinque, tiene que responder ante la justicia y su lugar es estar tras las rejas“.

En esa línea, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, recordó que iniciativas similares ya fueron rechazadas por la Sala del Senado en 2024. “El Ejecutivo tiene una opinión muy clara sobre este punto”, sostuvo y añadió que existen “razones constitucionales y legales” para oponerse a la norma.

Cordero hizo un llamado a esperar la decisión de la Cámara Alta y destacó que el proyecto, al no establecer distinciones, “beneficia a un grupo importante de personas que van más allá de los delitos de lesa humanidad”.

Por su lado, el senador Iván Flores (DC), fue directo al apuntar que el beneficio no es para cualquier reo enfermo, sino que, en la práctica, afecta principalmente a condenados que cumplen penas en el recinto de Punta Peuco, el mismo que comenzó a llamarse Centro Penitenciario de Tiltil desde que el Presidente Gabriel Boric lo transformó en un penal común.

“No estoy disponible para que personas como Krassnoff salgan de la cárcel”, declaró el parlamentario DC, refiriéndose al condenado por violaciones a los derechos humanos Miguel Krassnoff Martchenko, quien acumula más de 80 condenas por delitos de lesa humanidad y cerca de mil años de prisión en total si se consideran todas las causas.