La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma que da preferencia a los egresados de las escuelas normales públicas y de la Universidad Pedagógica Nacional para integrarse al servicio público educativo.Con ocho votos a favor, el Pleno declaró constitucional la reforma impulsada durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y que fue impugnada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a través de una acción de inconstitucionalidad.El organismo consideró que la reforma realizada a diversos artículos son discriminatorios, ya que genera una distinción, excluye y da una preferencia arbitraria para acceder a las plazas del servicio público educativo.Normas no realizan distinción, buscan revalorar al magisterio: ministroEl ministro Irving Espinosa Betanzo propuso declarar infundados los argumentos de la CNDH y avalar las modificaciones a la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, mismas que regulan el ingreso, admisión, nombramiento y promoción del personal docente en la educación pública.El ministro señaló que la normativa cumple con el mandato de la reforma educativa del 15 de mayo de 2019 al establecer las bases, criterios y competencias esenciales del sistema de promoción horizontal en la educación básica y media superior. “El legislador fijó quiénes participan, la naturaleza del movimiento, los órganos competentes, los elementos mínimos y los criterios sustantivos, habilitando válidamente a la Secretaría de Educación Pública para desarrollar los aspectos técnicos mediante programas y reglas específicas”, explicó.Asimismo, dijo que las normas no realizan una distinción, pues la finalidad fue fortalecer a las instituciones públicas de formación docente, como ordena el artículo tercero de la Constitución Federal.“Es constitucionalmente legítima que la medida de priorizar a los egresados de dichas instituciones es idónea, pues guarda relación instrumental con esa finalidad, al insertarse en la estrategia nacional de mejora de las escuelas normales y en la política de revalorización del magisterio, y que constituye un medio razonable dentro de la libertad de configuración legislativa del Congreso para diseñar políticas públicas educativas”.La ministra Yasmín Esquivel Mossa también se pronunció por la constitucionalidad de esta reforma que otorga preferencia a los egresados de las escuelas normales públicas y de la Universidad Pedagógica Nacional. “Me parece de mínimo respeto a nuestros estudiantes de estas escuelas, que constituye una decisión legislativa razonable porque permite fomentar su elección profesional, fortalecer la identidad y prestigio de estas instituciones y asegurar que el servicio educativo cuente con personal formado específicamente para tales funciones”, añadió.Al respecto, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, comentó que nuestro país ha adoptado el sistema de educación escolarizada como una política fundamental que trasciende en la vida pública nacional. “… yo creo que en los últimos años ha sido también política pública del país crear modelos educativos que atiendan a las pluriculturalidad del país. Hay ahora universidades interculturales, está la Universidad de las Lenguas Indígenas que están formando a profesores con un nuevo perfil que atienda de manera adecuada la realidad de nuestro país y sus aspiraciones. Preferencia no quiere decir exclusividad. Y esto yo creo que habría que tenerlo claro”, apuntó.Estrategia nacional fortalece instituciones públicas de formación docenteA su vez, la ministra Lenia Batres Guadarrama destacó que la reforma educativa de 2019 estableció la obligación del Ejecutivo Federal de definir una estrategia nacional de mejora de las escuelas normales. “En estos términos, la política pública impulsada por el Ejecutivo en dicha estrategia nacional se ha orientado a fortalecer las instituciones públicas de formación docente, no sólo a través de mejoras internas como infraestructura, actualización de planes de estudio, profesionalismo, profesionalización, sino también mediante incentivos externos destinados a revalorar la carrera docente y asegurar oportunidades reales de acceso al servicio público. Desde esa perspectiva, otorgar prioridad a las y los egresados de las instituciones públicas de formación docente es congruente con el mandato constitucional”, enfatizó.ROA
