Juicio a 11 años de pillaje por cargos públicos del PP de Madrid en festejos municipales y eventos de la Comunidad
La Audiencia Nacional juzga al exconsejero Francisco Granados y a otras 13 personas por el amaño de contratos en grandes localidades y en empresas autonómicas
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Diversas tramas de corrupción colonizaron administraciones madrileñas gobernadas por el PP entre 2004 y 2015. Este periodo de pillaje institucional, en parte ya juzgado y condenado, se corresponde con el de la hegemonía casi absoluta del partido en la Comunidad de Madrid, donde gobernó en solitario con mayoría absoluta, así como en más de 100 municipios de la región. Redes empresariales delictivas sobornaron en ese tiempo a decenas de dirigentes públicos del PP para lucrarse mediante el amaño de contratos.
Una de esas tramas delictivas se enriqueció a costa de las fiestas patronales de grandes municipios gobernados por el PP y también gracias a eventos organizados por la Comunidad de Madrid para publicitar sus obras públicas durante el mandato de Esperanza Aguirre.
La Audiencia Nacional celebra del 19 de enero al 21 de marzo próximos el juicio por el caso Waiter Music –pieza separada del caso Púnica– que investiga decenas de contratos amañados entre 2004 y 2015 a favor de una empresa especializada en organización de eventos y festejos. Las irregularidades detectadas en, al menos, cinco municipios madrileños gobernados por el PP (Valdemoro, Ciempozuelos, Moraleja de Enmedio, Móstoles y Algete) así como en empresas dependientes de la Comunidad de Madrid (Metro, Arpegio, Pamam...) sentará en el banquillo a 14 personas, entre ellos media docena de alcaldes y al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados. La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel para Granados, y entre dos y cinco años para el resto de exalcaldes procesados.
La sociedad Waiter Music se dedicaba a “la explotación de todo tipo de actividades relacionadas con la hostelería, actividades artísticas y del espectáculo y en especial las de promoción y organización de espectáculos”. Su actividad comercial consistió fundamentalmente en negociar con administraciones públicas y lograr contratos para organizar las fiestas patronales de los municipios. José Luis Huerta, dueño de Waiter Music –ya fallecido–, consiguió muy pronto contratos para organizar festejos en Valdemoro, Móstoles, San Martín de la Vega, Ciempozuelos, Torrejón de Velasco, Moraleja de Enmedio, Humanes de Madrid y otros municipios con los que facturaba varios millones de euros cada año.
Además, Waiter Music trabajó para empresas constructoras (FCC, Acciona, Ferrovial Dragados, Sacyr y OHL) en eventos vinculados a la Comunidad de Madrid para festejar el comienzo o la finalización de obras de ampliación de Metro de Madrid. La investigación judicial resume así estos hechos: “Con ocasión de la concesión de grandes obras públicas vinculadas a las adjudicaciones de los trabajos de ampliación de las líneas 3 y 7 de Metro de Madrid, por parte de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid importantes empresas constructoras de obra civil, se ideó el plan para que, con cargo a estas y fuera de cualquier tipo de expediente de contratación, se ejecutasen unos actos festivos con ocasión, tanto del inicio como del final de las obras. En tales festejos, era la propia administración la que elegía a los contratistas que llevarían a cabo los festejos, si bien posteriormente, los mismos eran abonados por las empresas adjudicatarias”.
El auto de procesamiento señala que muchos de los contratos adjudicados en este tiempo se amañaron por parte de los gobiernos locales a favor de José Luis Huerta y su empresa Waiter Music u otras firmas vinculadas a la misma. El empresario también se encargó en algunos casos de organizar de manera gratuita eventos privados del PP en estos municipios a cambio de la adjudicación de los contratos de las fiestas patronales. “Se trataba de una empresa [Waiter Music] que, por una parte, realizaba los festejos de conformidad y, por otra y muy importante, proporcionaba unos servicios extras a requerimiento de los políticos, bien en extras decididos al momento de las fiestas, bien prestando servicios privados para actos del PP municipal, bien para alguno de sus miembros que no eran nunca facturados”, señala el auto de procesamiento. “José Luís Huerta realizaba tales encargos para seguir contando con el favor de los diferentes políticos municipales en la adjudicación de festejos, asumiendo el coste de algunos directamente y, en otros casos, presentando facturas por un importe mayor al propio del beneficio mercantil del coste de los actos”.
El principal acusado en esta causa es Francisco Granados, exalcalde de Valdemoro, exconsejero autonómico y mano derecha de Esperanza Aguirre en el PP de Madrid, donde ejerció durante siete años (2004 a 2011) como secretario general. El auto de procesamiento atribuye a Granados ser el intermediario entre los alcaldes y el empresario que lograba los contratos para organizar festejos, y también de procurar a Waiter Music contratos de la Comunidad de Madrid, donde ejerció como consejero de Transportes, de Presidencia y de Justicia. “Granados fue el que introdujo a José Luis Huerta en sus relaciones con el Ayuntamiento a través de su amigo, y concejal en el mismo, José Carlos Boza. Entendemos que sin su apoyo y colaboración 'desde atrás' José Luis Huerta no habría tenido el acceso que tuvo a la contratación fiel con el Ayuntamiento de Ciempozuelos, lo que se tradujo, entre otras cosas, a abonar 'regalos'”, señala el auto judicial.
Junto a Granados, la Audiencia Nacional juzgará también a quien fue senador, diputado regional, y concejal en Algete, David Erguido, asesor durante un tiempo de la entonces presidenta Esperanza Aguirre, además de seis exalcaldes del PP en Valdemoro, José Carlos Boza y José Miguel Moareno; Móstoles, Esteban Parro y Daniel Ortiz; Ciempozuelos, María Ángeles Herrera, y Moraleja de Enmedio, Carlos Alberto Estrada.