Guatemala, el país donde una casa ya no garantiza un hogar

En Guatemala, hoy basta una llamada o un portón forzado para que una familia pierda todo. Entre 2020 y 2025, más de 13 mil denuncias por usurpación se acumularon en el Ministerio Público. En ese mismo lapso, el Estado solo logró ejecutar 99 desalojos. A veces parece una cifra inventada, una exageración para provocar alarma. Pero no es así, es real; menos del 1 % de las víctimas recuperó su propiedad, el resto quedó atrapado en una espera interminable que se parece mucho al abandono.

Lo que antes imaginábamos como un problema rural, conflictos en las Verapaces, tomas en San Marcos o invasiones en Sololá, hoy se vive en el corazón del país: el departamento de Guatemala es el epicentro del despojo con 2,799 denuncias, según la Asociación Civil en Defensa de la Propiedad Privada. La amenaza ya no está lejos; camina en nuestras calles, pasa frente a nuestros portones y se instala en los barrios donde crecimos.

El fenómeno cambió de dueño. Ya no son campesinos reclamando tierra; ahora son pandillas, grupos criminales y redes de abogados operando como empresas delictivas. Llegan con documentos falsificados, con decenas de personas coordinadas o con la frialdad de quien sabe que la impunidad es parte del negocio.

En Mixco, Villa Nueva, Villa Canales, Chinautla y San Juan Sacatepéquez se repite el mismo guion: una casa vacía, un propietario que trabaja fuera de la ciudad, un terreno mal vigilado… y de pronto, la sorpresa. Portones soldados, paredes pintadas, hombres armados custodiando la entrada. Las víctimas no solo pierden una propiedad; pierden paz, estabilidad, futuro.

Peor aún: lo que ocurre dentro de muchas casas usurpadas ya no es un secreto. Se convierten en bodegas de armas y drogas, en escondites de secuestrados, en centros de operaciones criminales o incluso en lugares para ocultar cadáveres. El caso de Farruko Pop en zona 18 expuso brutalmente esta realidad: una vivienda invadida convertida en sitio de horror.

Guatemala no está frente a un simple problema legal, está frente a un problema superado por la velocidad de la delincuencia. La Fiscalía de Usurpaciones, creada en 2021 como un intento de respuesta, nunca recibió los recursos ni el músculo operativo que se esperaba. Los procesos se alargan, los desalojos se suspenden, los abogados corruptos se adelantan y las familias cansadas comienzan a entender algo doloroso: en este país, defender lo que es tuyo puede ser más difícil que comprarlo.

La falta de coordinación entre autoridades —MP, PNC, PGN y municipalidades— vuelve cada restitución un rompecabezas. Hay desalojos que requieren hasta 12 instituciones, pero basta que una no llegue para que el operativo se cancele. Mientras tanto, los invasores se reorganizan, se blindan y regresan más fuertes.

Las consecuencias no son solo económicas; se rompe algo intangible: la confianza. Cuando un país deja de proteger la propiedad privada, también deja de proteger el esfuerzo, la legalidad y la esperanza de quienes trabajan honestamente.

La solución no llegará con un operativo aislado ni con discursos. Guatemala necesita una política de Estado, no una respuesta improvisada. Requiere un catastro moderno, leyes que castiguen a las redes criminales y a los profesionales que las facilitan, protocolos de desalojo que funcionen y una Fiscalía que no solo exista en papel.

Pero, sobre todo, necesita voluntad de recordar que detrás de cada expediente hay una familia que solo pide algo básico, que su hogar siga siendo suyo. Porque la pregunta ya no es si Guatemala tiene un problema de usurpaciones, sino ¿cuánto más dejaremos que avance hasta que ya no tengamos nada que defender?