Finanzas presentará ampliación por fallo de la CC que suspende el presupuesto 2026
- El MINFIN informó que la CC suspendió el decreto por “vicios de procedimiento durante la aprobación” en el pleno legislativo, dejando sin efecto “todo lo actuado con posterioridad”.
- Conforme al artículo 171 de la Constitución, a partir del 1 de enero de 2026 volverá a regir el presupuesto de 2025, contenido en el Decreto 36-2024, con un monto vigente de GTQ 154 mil 936.6 millones.
- Finanzas subrayó que la medida “incomoda, pero no detiene la gestión del gobierno”, y garantizó la continuidad del pago de salarios, servicios básicos, salud, educación, seguridad y deuda pública.
- Los programas creados o ampliados exclusivamente en el Presupuesto 2026, que ascendía a Q163 mil 469.3 millones, no podrán ejecutarse mientras no se resuelva la situación jurídica del decreto suspendido.
- El Minfin advirtió que la falta de un nuevo presupuesto limita la ejecución de inversiones en infraestructura económica, desarrollo social y fortalecimiento institucional, áreas clave para dinamizar el crecimiento.
- Según el comunicado oficial, operar con el presupuesto anterior “implica restricciones operativas”, al no reflejar las necesidades actuales ni los compromisos previstos para el siguiente ejercicio fiscal.
- El pleno de magistrados de la CC resolvió, por mayoría, otorgar amparo provisional contra el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026. La decisión impide que la normativa entre en vigencia el 1 de enero próximo. La CC fundamentó el amparo en el artículo 28 de la Ley de Amparo, al considerar procedente la suspensión por los vicios formales denunciados y por las circunstancias del caso.
- La acción fue promovida por los abogados Diego Sagastume Vidaurre, Fernando Linares-Beltranena y Miguel Roberto Balsells, así como los alcaldes Neto Bran, Hugo Sarceño y Sebastián Siero, quienes cuestionaron el procedimiento legislativo utilizado para aprobar el plan de gastos.
- La resolución se dio a conocer dos días antes de la fecha prevista para la entrada en vigor del presupuesto, lo que genera un nuevo pulso entre el Congreso y el Tribunal Constitucional.
- El plan asciende a GTQ 163 mil 429 millones, uno de los más altos de la historia reciente, e incluye GTQ 6 mil 312 millones para los Consejos Departamentales de Desarrollo (CODEDES).
- La asignación a los CODEDES fue señalada por su potencial uso político, al tratarse de un año previo a elecciones generales.
- La aprobación se dio sin discusión amplia y en un solo debate, bajo la figura de urgencia nacional, lo que avivó críticas por falta de transparencia.
Punto de fricción. El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) insistió en la necesidad de responsabilidad fiscal, transparencia y fiscalización pública. La organización subrayó que el respeto al marco constitucional fortalece la certeza jurídica y la gobernabilidad.
- El CACIF reconoció el alcance institucional del fallo de la CC, al considerarla máxima intérprete de la Constitución y garante del Estado de Derecho, y enfatizó el papel de los órganos constitucionales en preservar la gobernabilidad democrática.
- En comunicado propio, el CACIF destacó que las decisiones de los órganos constitucionales deben cumplirse dentro del marco institucional para fortalecer la certeza jurídica. La organización expresó preocupación por la orientación y magnitud del Presupuesto 2026, al tiempo que exigió mayor transparencia en su formulación y ejecución.
- Además, el sector privado instó a las autoridades a atender los señalamientos legales planteados y a promover un presupuesto que responda a las necesidades del país y garantice el uso eficiente de los recursos públicos.
- La decisión de la CC no anula el decreto, pero sí congela sus efectos mientras se resuelve el fondo del asunto.
- Las autoridades no podrán, de momento, ejecutar el Presupuesto 2026 bajo las condiciones aprobadas, lo que obliga a evaluar escenarios alternativos para el próximo ejercicio fiscal.
- El Congreso se enfrenta ahora al desgaste político de un proceso señalado por opacidad, incrementos salariales propios y recursos para obras con posibles fines electorales.
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— Ministerio de Finanzas Públicas (@MinfinGT) December 31, 2025
