Cajas Municipales bajo injerencia política: SBS modifica reglas de elección de directores para adecuarse a Ley de Endeudamiento
A inicios de diciembre, la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (Fepcmac) denunció una presunta injerencia política en esta entidad a través de polémicos cambios en la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 2026. Si bien solo faltaba que se oficialicen modificaciones al reglamento para la elección de los representantes al directorio, la SBS ya las publicó en el diario El Peruano.
Se tratan de nuevas disposiciones, incluidas en la Resolución SBS N° 5788-2015, que, aparentemente buscarían mejorar el gobierno corporativo de las cajas municipales, así como fortalecer los mecanismos de transparencia y profesionalización de los directores. No obstante, anteriormente, la Fepcmac las calificó como una "maniobra política" para intervenir en estas instituciones.
A contraparte, desde la SBS aseguran que las modificaciones ejecutadas contemplan la "idoneidad moral, la permanencia del presidente del Directorio y la incorporación del Viceministerio de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción en el proceso de selección del representante de los pequeños comerciantes y productores del ámbito territorial en el cual opera la CMAC".
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Nuevas reglas para elección de directores en cajas municipales
Uno de los cambios importantes que estableció la SBS, en el marco del cumplimiento de la Décimo Quinta Disposición Complementaria Final de la Ley de Endeudamiento, es la participación formal del Viceministerio de Mype e Industria de Produce en la selección del director representante de los pequeños comerciantes o productores.
Ahora bien, desde la superintendencia sostienen que esta disposición está alineada con el rol institucional del viceministerio, ya que dicha entidad se encarga del proceso de designación del representante de las Mype en otras instituciones públicas. Sin embargo, hay que recordar que Produce no destaca por su especialización en gestión financiera.
A partir de estos cambios, el directorio seguirá conformado por siete integrantes: dos que representan a la mayoría del Concejo Municipal, uno a la minoría del Concejo Municipal, uno a Cofide, uno a la Cámara de Comercio, uno al clero y uno a los pequeños comerciantes y productores, que ahora será designado por el gobierno a través del viceministerio de Mype.
Detrás de estas modificaciones estuvieron el expresidente de la Comisión de Economía, Ilich López y el excongresista José Jerí, hoy presidente de la República. Ambos proponían cambios en el directorio de las cajas municipales y limitar el plazo de duración de los presidentes. Al parecer, ya se hicieron efectivos, puesto que el último de ellos está incluido en el numeral 7.1 del reglamento.
Así, el presidente del directorio será elegido por un año y tendrá la posibilidad de reelegirse por dos periodos anuales consecutivos, cuando antes la norma solo les otorgaba un plazo de tres años seguidos en el cargo y una reelección sin límites. Además, se precisa en la Ley de Endeudamiento que no podrán ser parte del directorio los alcaldes, regidores y quienes no cumplan con los requisitos de idoneidad.
De acuerdo con la SBS, las modificaciones al reglamento introducen también mecanismos para asegurar la continuidad operativa de los directorios, mientras se designa al reemplazo correspondiente, en caso de remoción de algún miembro. Dicha medida permitirá contar con el quórum necesario para la toma oportuna de decisiones, así como evitar periodos prolongados de vacancia en sus puestos.
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Cajas municipales denuncian interferencia política
A través de un pronunciamiento institucional, la Fepcmac denunció a comienzos de diciembre que la reforma estructural dentro de la Ley de Endeudamiento del Sector Público para el 2026 constituye una afectación directa a la autonomía de las cajas municipales y un grave precedente de "captura política del sistema financiero".
"Incluir una reforma a un sector financiero especializado dentro de una ley destinada a regular la política de endeudamiento público constituye una práctica lesiva que vulnera la transparencia, impide el escrutinio técnico y democrático, y genera riesgos para la estabilidad institucional del sistema", señalaron.
En aquel momento, indicaron que evaluarán las implicancias constitucionales de la disposición aprobada y no descartaron la presentación de una acción de inconstitucionalidad para revertir los alcances de la norma, así como salvaguardar la independencia e integridad del sistema de cajas municipales.