La Fiscalía avisa sobre Paco Salazar: no hay denuncias de las "víctimas"

La Fiscalía de la Comunidad de Madrid ha dejado en manos de la Fiscalía Provincial las denuncias que ha recibido para investigar por supuestos casos de acoso al exdiputado del PSOE Francisco Salazar. En un decreto al que ha tenido acceso LA RAZÓN, la fiscal superior, Almudena Lastra, acuerda la medida tras recordar que los pasados días 10 y 17 han llegado por correo electrónico a la Fiscalía que dirige sendos escritos de un particular, «acompañados de documentación», contra el ex alto cargo de Moncloa, solicitando su acumulación a la denuncia presentada por Manos Limpias el 5 de diciembre.

Pero en ese decreto del pasado día 17, en el que Lastra acuerda el archivo del expediente gubernativo abierto a raíz de esas denuncias para dejar el asunto en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid, a la que considera «el órgano competente», le recuerda al mismo tiempo que deberá decidir si acuerda diligencias de investigación preprocesales, «si lo estimara procedente», dado que «el delito denunciado requiere denuncia de la persona ofendida o perjudicada». Algo que en este caso no se ha producido.

La denuncia de Manos Limpias que ahora deberá examinar la Fiscalía Provincial de Madrid que dirige Pilar Rodríguez –precisa el decreto– atribuye a Salazar la comisión de un presunto acoso sexual del que habrían sido víctimas «trabajadoras del Partido Socialista Obrero Español y de Presidencia del Gobierno».

Diligencias "imprescindibles"

El decreto de Lastra se refiere expresamente al apartado 4.9 de la Circular 2/2022, de 20 de diciembre, de la Fiscalía General del Estado. Esta disposición determina que en los delitos semiprivados o semipúblicos –aquellos en los que se requiere denuncia o querella de la persona ofendida o perjudicada– «nada impedirá que los fiscales puedan incoar diligencias de investigación preprocesal a pesar de no mediar su interposición por alguno de los sujetos legitimados» (es decir, sin que la supuesta víctima del delito haya denunciado los hechos).

Asimismo, dispone que «cuando su práctica no admitiera demora los fiscales podrán acordar, asimismo, la realización de las primeras diligencias consideradas imprescindibles». En estos casos, eso sí, los fiscales informarán «con celeridad» a los posibles perjudicados por el delito de su derecho a denunciar y de «las consecuencias procesales asociadas a su postura» (según estipula el artículo 5 de la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito).

Así sucedió, sin ir más lejos, cuando la Fiscalía acordó investigar por agresión sexual al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales por su beso a Jenni Hermoso sin que la futbolista internacional hubiese presentado denunciado (en ese caso, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se puso en contacto con ella para ofrecerle la posibilidad de ejercer la acusación particular, como efectivamente hizo, en el procedimiento penal que terminó con la condena de Rubiales.

Tras conocer la decisión judicial, Manos Limpias aseguró ayer en una nota de prensa que su denuncia «no sólo está legitimada por las mujeres agredidas sino también por la Fiscalía a tenor del artículo 191 del Código Penal».

El perdón de la víctima no extingue la acción penal

Según dispone el mismo, para proceder por los delitos de agresiones sexuales y acoso sexual será precisa «denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal, que actuará ponderando los legítimos intereses en presencia».

Al mismo tiempo, precisa que en estos delitos el perdón del ofendido o de su representante legal (si se tratase de un menor de edad) «no extingue la acción penal ni la responsabilidad de esa clase».

Además de la denuncia de Manos Limpias, Hazte Oír se querelló en los juzgados de Plaza de castilla contra Salazar por acoso sexual, una iniciativa sobre la que no hay todavía decisión judicial sobre su hipotética admisión a trámite a la espera de que se pronuncie la Fiscalía, a la que la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid dio traslado del escrito contra el exdiputado.

La querella de Hazte Oír contra Salazar, que está pendiente de la decisión judicial sobre su admisión a trámite, apunta a una posible responsabilidad del PSOE como persona jurídica por no haber activado supuestamente los protocolos internos contra el acoso sexual pese a que, apunta la asociación denunciante, esos casos «habrían tenido lugar durante años».

Hazte Oír quiere que la magistrada esclarezca si ese protocolo de Ferraz era «efectivo» o «meramente formal» y si se pusieron a disposición de las presuntas víctimas «vías reales y seguras de denuncia». En definitiva, cree necesario esclarecer si el PSOE «reaccionó con diligencia ante posibles advertencias o quejas» de las trabajadoras afectadas.