Un juzgado abre diligencias contra el Ayuntamiento de Murcia por el incendio de una discoteca en 2023 con 13 muertos
Para el abogado de las familias de algunas víctimas, José Manuel Muñoz Ortín, la apertura de diligencias previas por presunta prevaricación administrativa "supone hito especialmente valorado" por estas "a la hora de dirimir las posibles responsabilidades, incluidas las de carácter institucional"
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La magistrada del Juzgado número 3 de Murcia, que instruye la causa abierta por la muerte de 13 personas en el incendio de las discotecas 'Teatre' y 'Fonda Milagros' el 1 de octubre de 2023, ha decretado la apertura de diligencias previas “en orden a esclarecer la posible responsabilidad penal por presunto delito de prevaricación administrativa de autoridades y funcionarios del Ayuntamiento”.
La decisión consta en una providencia de este lunes, mediante la cual la instructora ordena deducir testimonio de las querellas criminales presentadas y abrir un procedimiento penal específico e independiente para investigar los hechos relacionados con la posible prevaricación administrativa.
Pese a que estas diligencias estarán contenidas en la causa principal, la jueza no aprecia “conexidad directa con el delito de homicidio por imprudencia que se investiga en la causa principal”. Para el abogado de algunas de las víctimas, José Manuel Muñoz Ortín, es pronto para descartarse la relación entre el presunto delito de prevaricación y la causa principal: “No se ha escuchado a nadie del Ayuntamiento de Murcia, entiendo que cuando se les tome declaración se debería valorar si hay relación [entre la presunta prevaricación y el incendio]”.
Además, de forma paralela, el mismo juzgado ha acordado una nueva prórroga del plazo máximo de instrucción de la causa principal, fijando su finalización el 1 de abril de 2026.
Para Muñoz Ortín, la apertura de diligencias previas por presunta prevaricación administrativa “supone hito especialmente valorado” por estas “a la hora de dirimir las posibles responsabilidades, incluidas las de carácter institucional”.
Muñoz Ortín ha asegurado que “constituye un paso relevante en el esclarecimiento integral de los hechos, al permitir examinar si la actuación de la Administración municipal se ajustó o no a la legalidad y a las obligaciones que le corresponden en materia de control y protección de la seguridad ciudadana”.
De probarse la prevaricación, Muñoz Ortín ha adelantado que la clave residirá en cómo se manifiesta para poder relacionarla con los incendios: “Puede ser una relación difusa si solo se prueba que el Ayuntamiento debería haber cerrado el local en el momento de la orden de cese. Pero si se prueba que [desde el consistorio] son responsables de la ratonera en la que se encontraban las víctimas, la conexión con lo ocurrido es innegable”.