Una jueza rechaza la querella de Manos Limpias contra el Delegado del Gobierno en Madrid por los disturbios en La Vuelta: "El delito no existe"
La titular del Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid tiene que explicar al pseudosindicato ultra que el Código Penal no recoge la modalidad de "imprudente" para el delito de desórdenes y que no hay indicio alguno de que Francisco Martín tuviera voluntad de que los policías resultaran heridos
El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha rechazado la querella de Manos Limpias contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, por los disturbios acaecidos en la última etapa de La Vuelta, dentro de la protesta ciudadana contra la participación de un equipo israelí, en pleno genocidio en Palestina. La jueza Luisa María Prieto Ramírez razona que el delito que atribuye el pseudosindicato ultra a Martín, desórdenes públicos y desobediencia, no existe en su modalidad de “imprudente”.
Manos Limpias quería hacer responsable al delegado del Gobierno de las lesiones que habrían sufrido algunos agentes. Para haber cometido ese delito, tiene que explicar la juez al querellante, “es preciso el dolo sobre los hechos”, es decir, la voluntad del delegado de que los policías fueran heridos, así como la “falta de diligencia respecto del resultado”.
“En la denuncia se atribuye responsabilidad penal al Delegado del Gobierno, por los desórdenes causados con motivo de unas determinadas protestas ciudadanas durante el desarrollo de un evento deportivo, se hace responsable penal al mismo, de los actos realizados por otros, que provocaron, se dice, lesiones a los agentes durante el ejercicio de sus funciones, dirigidas a garantizar el desarrollo del evento. Se está en realidad, en presencia de una queja de un tercero, el denunciante, a las directrices del denunciado frente al desarrollo de un evento, que tiene su cauce al margen del derecho penal”, explica el auto.
El Tribunal Supremo inadmitió en noviebre otra denuncia similar de Manos Limpias contra Sánchez en la que acusaba al presidente del Gobierno de promover el odio contra el equipo ciclista israelí IPT. El Supremo rechazó de plano esta acusación contra Sánchez: “Lo que se denuncia es la paralización de la Vuelta Ciclista sin tomar las medidas oportunas para ello, lo que, evidentemente, este comportamiento no supone un delito de odio”