José Pérez descarta “amarre” de funcionarios públicos: “Una base mínima es asegurar estabilidad en el empleo”
El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, respondió a las críticas de la oposición que apuntan a que parte de lo que acordó el Gobierno con el sector público, es un “amarre” para evitar el despido de funcionarios.
Según el documento, que tiene que ser visado por el Congreso, los despidos de funcionarios bajo la modalidad de contrata deben ser fundados (no por “necesidad del servicio”). Por ello, frente a eventuales desvinculaciones, los empleados públicos con dos años de antigüedad podrán reclamar “vicios de legalidad” en Contraloría.
En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el dirigente aseguró que “no es cierto” que el acuerdo estableciera algún tipo de “amarre”, sino que todos los años en “cada oportunidad de negociación, una base mínima es asegurar estabilidad en el empleo para las y los funcionarios públicos que están contratados por la modalidad de honorarios y contrata”.
De acuerdo a Pérez, el protocolo “refuerza la normativa vigente, en virtud de evitar todo tipo de discrecionalidad, porque tenemos la experiencia del año 2010 en que en el primer gobierno de Sebastián Piñera nos despidieron a más de 11 mil personas”.
“No somos botín político de un gobierno de turno, somos trabajadoras y trabajadores del Estado de Chile”, remarcó.
No obstante, el presidente de la ANEF expresó una importante diferencia respecto al acuerdo con el Gobierno. A su juicio, el reajuste salarial de 3,4%, no es un reajuste, sino que “una suerte de estanco, una contención parcial de nuestro salario”.
“Eso implica un deterioro, porque lo que estamos siempre relevando como principio básico es primero el piso de recuperar poder adquisitivo. Uno diría: ‘Bueno, lo están recuperando, quedamos empatados’, pero eso no es correcto. Cualquier reajuste que sea igual o por debajo del IPC es una rebaja salarial”, afirmó.
Pérez indicó que esa discrepancia, con el porcentaje de reajuste, hizo que no respaldara la firma del acuerdo: “Siempre hemos sido conscientes de las crisis, de los recursos que no tiene el Estado, sin embargo, entendemos que recuperar el poder adquisitivo es una obligación del Estado empleador. Eso para nosotros es clave y central”.