Frenan el desahucio de nueve familias del barrio de San José de Zaragoza al evitar una subida “inasumible” del alquiler

El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha logrado evitar el desahucio de todas las familias que residen en un bloque de viviendas situado en la avenida San José, en el barrio del mismo nombre, después de varios meses de conflicto con la propiedad. La empresa propietaria había comunicado a los inquilinos su intención de aplicar una subida del alquiler de hasta un 60%, un incremento que las familias calificaron de inasumible y que, según el sindicato, suponía una amenaza directa de expulsión para quienes no aceptaran las nuevas condiciones.

Entre las personas afectadas se encuentran Matilde y José, junto a otras ocho familias que llevaban años viviendo en el edificio. Hace unos meses recibieron una carta en la que la propiedad les daba un breve plazo para aceptar el nuevo precio del alquiler o abandonar las viviendas. Ante esta situación, una de las vecinas contactó con el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, que comenzó a acompañar a los residentes en la organización colectiva del conflicto y en la constitución de lo que denominan un “bloque en lucha”.

Desde el sindicato denuncian que el inmueble presenta un estado de conservación muy deficiente, con problemas de mantenimiento que la propiedad no habría solucionado durante años, incumpliendo sus obligaciones como arrendadora. A pesar de ello, sostienen, se pretendía imponer “precios de mercado completamente inasumibles” para unas familias mayoritariamente trabajadoras, entre las que hay personas de origen migrante y hogares con menores a cargo. Para ellas, explican, la subida exigida suponía “una expulsión directa de sus casas y de su barrio”.

Durante el proceso, el Sindicato de Inquilinas asegura que la propiedad intentó intimidar y dividir a los vecinos mediante presiones individuales y tratando de desvincularlos de la organización. Sin embargo, la respuesta colectiva permitió frenar estas maniobras y forzó a la empresa a dar marcha atrás. Finalmente, se han renovado los contratos de todas las viviendas sin aplicar la subida anunciada, lo que garantiza la continuidad de las familias en sus hogares.

“Nos han hecho creer que las subidas del alquiler son inevitables y que irnos de nuestra casa es lo que toca, pero eso no es cierto”, señalan desde el Sindicato de Inquilinas de Zaragoza, que considera este caso un ejemplo de que la organización colectiva puede lograr “victorias reales”. Añaden además que el problema trasciende este conflicto concreto y apunta a un modelo estructural: “Mientras la vivienda siga siendo una mercancía y un negocio, no podrá garantizarse como un derecho”.

Una de las vecinas afectadas destaca que “sin el apoyo del sindicato, muchas familias ya no estaríamos aquí”, y reconoce que el miedo inicial dio paso a una mayor fuerza colectiva al organizarse. El Sindicato de Inquilinas de Zaragoza ha aprovechado este caso para hacer un llamamiento a las personas inquilinas de la ciudad a organizarse y afiliarse para defender el derecho a la vivienda y frenar los abusos de la propiedad.