Senado de EE.UU. rechazó una resolución para restringir a Trump su autoridad para atacar Venezuela
El Senado de Estados Unidos (EE.UU.) rechazó este jueves una resolución bipartidista destinada a limitar el uso de fuerzas armadas en operaciones militares contra Venezuela sin autorización previa del Congreso. La medida, presentada por el senador demócrata Tim Kaine, quedó a solo dos votos de aprobarse, con 49 a favor y 51 en contra.
La Resolución de Poderes de Guerra, introducida el pasado 16 de octubre, buscaba obligar al presidente Donald Trump a retirar a las Fuerzas Armadas estadounidenses de cualquier hostilidad «dentro o contra Venezuela», salvo que el Congreso emitiera una declaración de guerra o una Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF), informa la cadena Telesur.
Tim Kaine, miembro de los comités de Relaciones Exteriores y Servicios Armados, argumentó que las operaciones encubiertas de la CIA y los ataques contra supuestas «narcolanchas» en el Caribe y el Pacífico —16 en total desde el 2 de septiembre, con al menos 67 personas asesinadas— podrían escalar hacia una intervención terrestre sin supervisión legislativa.
«Si la Administración considera necesaria una acción militar, debe someter una AUMF a debate y votación, en lugar de actuar unilateralmente», afirmó Kaine, reiterando que el Congreso no debe ceder su autoridad constitucional en materia de guerra al Ejecutivo.
Solo dos senadores republicanos —Rand Paul y Lisa Murkowski— apoyaron la resolución, sumándose a los demócratas. La falta de respaldo bipartidista impidió su aprobación, pese a que llega tras una reunión informativa en la que legisladores consideraron insuficientes las justificaciones legales ofrecidas por la Administración.
«El senador Mark Warner, principal demócrata del Comité de Inteligencia, señaló que la opinión legal presentada «ni siquiera mencionaba a Venezuela».
La medida se enmarca en la Resolución sobre Poderes de Guerra de 1973, que exige a los presidentes informar al Congreso dentro de las 48 horas tras desplegar fuerzas en hostilidades y cesar las operaciones a los 60 días si no hay autorización legislativa. Dicho plazo expiró el lunes 3 de noviembre.
Rand Paul criticó la falta de debido proceso en los ataques, cuestionando la ausencia de pruebas sobre la identidad y culpabilidad de las personas atacadas. Por su parte, funcionarios de la Administración Trump argumentaron que la resolución de 1973 no aplica, ya que los ataques —en su mayoría con drones desde buques— se realizan a distancias que no ponen en riesgo al personal estadounidense.
Senadores como Adam Schiff y Kaine han anunciado su intención de seguir impulsando votaciones similares, denunciando la ilegalidad de las operaciones militares sin aprobación del Congreso.