“Inaceptable”: académicos FCEI UCHILE condenan intento de Fiscalía de acceder a datos de periodistas

Académicas y académicos de la Escuela de Periodismo y de la Facultad de Comunicación e Imagen (FCEI) de la Universidad de Chile manifestó su “más profunda alarma y rechazo” ante las acciones de la Fiscalía Occidente, las que, a su juicio, “atentan gravemente contra los principios fundamentales del periodismo y el Estado de Derecho en Chile”.

La declaración se produce en respuesta a la solicitud realizada por la fiscal jefa de Alta Complejidad, Paulina Díaz Obilinovic, quien, tras una querella por la filtración de chats, pidió a tribunales acceder a los datos de los celulares de once periodistas de cinco medios de comunicación que cubren el caso Hermosilla, también llamado caso Audios. El objetivo de la fiscal era identificar posibles fuentes dentro del Ministerio Público.

Los académicos calificaron el intento reiterado de la fiscal Díaz de obtener “datos confidenciales y altamente intrusivos de las comunicaciones” de los profesionales de la prensa como “inaceptable” y una “vulneración directa y flagrante de la legislación vigente y de las garantías democráticas”. En su comunicado, enfatizaron que esta acción “no solo contraviene, sino que desprecia lo establecido en la Ley de Prensa chilena”.

Al respecto, la declaración hace referencia específica al artículo N°7 de la Ley de Prensa chilena, promulgada en 2001, el cual es categórico al establecer que los periodistas “tendrán derecho a mantener reserva sobre su fuente informativa la que se extenderá a los medios que obren en su poder y no podrán ser obligados a revelarla ni aun judicialmente”.

“Este principio es un pilar esencial para el ejercicio del periodismo y en particular del periodismo de investigación, que solo puede desarrollarse cuando las fuentes se sienten seguras para exponer la verdad sin temor a represalias”, enfatizarón.

El requerimiento fiscal, que abarcaba un período de casi dos años –desde noviembre de 2023 hasta septiembre de 2025–, buscaba obtener registros de llamadas, tráfico de datos móviles y georreferencia de los equipos. Para los académicos, esto “representa una amenaza directa a los periodistas aludidos y a todos quienes ejercemos esta profesión, así como a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a ser informada”.

Las diligencias, que afectaban a profesionales de La Bot, La Tercera, The Clinic, Reportea y Ciper, “demuestran un peligroso giro hacia la criminalización de la labor periodística”, señalaron. Los firmantes solidarizaron con los periodistas y medios involucrados, considerando “esencial que la ciudadanía conozca los riesgos que implican acciones como la que buscaba efectuar la fiscal Díaz Obilinovic”.

Cabe recordar que la solicitud de la fiscal fue rechazada tanto por el Cuarto Juzgado de Garantía como por la Corte de Apelaciones de Santiago, instancias que consideraron que no era plausible dictar medidas intrusivas contra los periodistas, quienes solo revisten la calidad de terceros o testigos. Los académicos manifestaron su incomprensión ante la persistencia de la Fiscalía Occidente en estas acciones, a pesar de los rechazos judiciales.

En tanto, los académicos exigieron “a las entidades correspondientes impedir cualquier intento de hostigamiento o intromisión judicial en el trabajo de los periodistas”.

Advirtieron que “las acciones de la fiscal Paulina Díaz Obilinovic, además de reflejar un desconocimiento de la ley, sientan precedentes funestos que pueden debilitar el rol fiscalizador de la prensa ante el poder, que es un principio rector del derecho a la información consagrado en Chile y en los tratados internacionales”.

De esa manera, desde la Escuela de Periodismo y la Facultad de Comunicación e Imagen de la U. de Chile afirmaron que “la independencia de la prensa es un requisito fundamental de la democracia que debe ser protegida en toda circunstancia”.