Aceptan revisar el monto del decomiso a Cristina, pero sigue la ejecución de bienes

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad concedió una apelación para que la Cámara Federal de Casación revise el monto fijado para el decomiso, que asciende a casi $685.000 millones. Sin embargo, la decisión no frena el avance de las ejecuciones de bienes que ya se encuentran en trámite.

Los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu aceptaron el planteo de la defensa de la expresidenta, pero lo hicieron "sin carácter suspensivo". 

En la práctica, esto significa que mientras Casación estudia si corresponde revisar la actualización del monto, el proceso de ejecución sigue adelante. "La concesión del recurso se hará sin suspender el trámite del decomiso que se encuentra en curso", subrayaron en la resolución, a la que accedió Noticias Argentinas.

De este modo, el tribunal ratificó que la cifra fijada como decomiso solidario -$684.990.350.139,86- debe afrontarse por parte de todos los condenados, más allá de la instancia recursiva. Además, los jueces rechazaron de plano las nulidades que la defensa de Fernández de Kirchner había presentado contra esa medida.

El monto cuestionado se desprende del veredicto dictado en diciembre de 2022, cuando el TOF 2 condenó a la entonces vicepresidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado. Esa sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación y, más tarde, la Corte Suprema dejó firme la condena en lo sustancial, lo que convirtió el fallo en "cosa juzgada".

Actualmente, Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario mientras se sustancia la etapa de ejecución de la pena. En este tramo procesal, el tribunal debe asegurar el cumplimiento del decomiso y avanzar en la afectación de bienes para cubrir el monto millonario establecido. El proceso alcanza también a los otros nueve condenados en la causa, entre ellos el exfuncionario José López y el empresario Lázaro Báez, quienes deben responder de manera solidaria por la cifra total.

El decomiso representa una de las instancias más sensibles de la causa Vialidad. Se trata no solo de un resarcimiento económico por el perjuicio al Estado a través de la adjudicación irregular de obras públicas en Santa Cruz, sino también de un mensaje político y judicial: la condena no se agota en la imposición de penas privativas de la libertad, sino que persigue además la recuperación del dinero que, según la Justicia, fue sustraído a las arcas públicas.

La estrategia de la defensa apunta a cuestionar la actualización del monto, ya que el cálculo original se realizó en base a estimaciones de perjuicio que luego fueron reajustadas a valores actuales. Sin embargo, los jueces remarcaron en su resolución que esa discusión no invalida el fondo de la cuestión y que la ejecución debe avanzar sin demoras.

La definición de Casación podría modificar el número final del decomiso, pero no suspenderá el embargo y la eventual liquidación de bienes de los condenados. En paralelo, el TOF 2 ya trabaja en los pasos necesarios para garantizar el recupero de activos.