¿Nueva Ley de Amnistía? Fernando Rospigliosi insiste en exonerar de investigación a policías acusados por las muertes en protestas
A pesar del rechazo masivo que provocó la ley de amnistía para policías y militares, promulgada por el Gobierno de Dina Boluarte, el congresista fujimorista Fernando Rospigliosi alista la aprobación de otra norma de objetivos similares.
Se trata de una iniciativa legislativa para exonerar de investigación a los policías presuntamente implicados en las muertes en las protestas sociales de fines del 2022 e inicios del 2023.
El parlamentario detalló, en diálogo con Canal N, que más de 350 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas están siendo procesados por estas acciones. Según el congresista, la nueva medida busca explorar “la manera legal de liberarlos de esta infame persecución de la fiscalía.” Además, mencionó que ya están coordinando esfuerzos con asociaciones de oficiales generales y abogados para ejecutar esta decisión.
“El siguiente paso que tenemos que dar, los que impidieron que las turbas repusieran en el gobierno a Pedro Castillo en diciembre de 2022 y principios de 2023. Hay más de 350 militares y policías procesados por esos casos", indicó.
Aseguró que trabaja con diferentes actos para averiguar “cómo podemos afrontar este problema porque es totalmente injusto que a los militares que han impedido que se reponga, por la violencia, al golpista Pedro Castillo, se les esté procesando de esta manera”.
50 personas murieron durante las manifestaciones contra Dina Boluarte
Durante la represión a las manifestaciones contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte, 154 efectivos militares y policiales ordenaron o consintieron el uso de armas de fuego de reglamento, o las dispararon causando la muerte a 50 personas y lesiones graves a otras 217, según el reporte del Equipo de Fiscales que designó el Ministerio Público.
Entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, por mandato del régimen de Boluarte, el Ejército y la Policía Nacional desplegaron acciones para preservar el orden público y las instalaciones estratégicas, como los aeropuertos y las carreteras, debiendo aplicar rigurosamente el Reglamento de Uso de la Fuerza (RUF), que prohíbe el uso indiscriminado de las armas de fuego.
Según los resultados de las indagatorias fiscales -que han derivado en 18 formalizaciones de investigación-, los jefes militares y policiales hicieron poco o nada por impedir que sus subordinados disparen al cuerpo de las víctimas, lo que está expresamente prohibido.