Tren Lima-Chosica: Locomotora de una sobrevaloración, por René Gastelumendi
Me referiré a una incongruencia bochornosa. El valor declarado de los trenes por la Municipalidad de Lima representa un 3,636 % más que el valor asignado por el donante: más de 37 veces su valor original. Es quizá el indicio más contundente de una gestión anómala.
La ambiciosa iniciativa de la Municipalidad Metropolitana de Lima, bajo la administración de Rafael López Aliaga, de implementar trenes en la ruta Lima–Chosica se presentó como una solución parcial al crónico problema del transporte público. No obstante, más allá de las dudas sobre su viabilidad técnica y operativa, el proyecto ha quedado envuelto en una grave controversia: la desproporcionada y escandalosa valorización de los trenes donados.
Este artículo se enfoca exclusivamente en ese aspecto contable, quizás el más objetivo y flagrante del caso, que podría calificarse ya no solo como un error, sino como una grave distorsión. La situación evidencia una alarmante falta de transparencia, una gestión financiera desprolija y hasta posibles ilícitos penales.
Conviene dejar algo claro desde el principio: cuestionar a una autoridad en ejercicio no convierte a nadie en "caviar", izquierdista o enemigo del gobierno. Fiscalizar es un derecho ciudadano y un deber republicano. No hay excusa en los errores de gestiones anteriores —Villarán, Muñoz o quien sea— para justificar los de la actual. López Aliaga no es intocable, porque en democracia ninguna autoridad lo es. Las críticas aquí no son ideológicas, sino técnicas, económicas y basadas en hechos.
La polémica gira en torno a una cifra que desafía el sentido común. Los trenes donados por Caltrain (California) fueron valorizados por la propia empresa en aproximadamente 4.9 millones de dólares (unos 22 millones de soles). Sin embargo, la Municipalidad de Lima los declaró ante las autoridades peruanas por 822 millones de soles, es decir, unos 224 millones de dólares. La disparidad entre ambos valores —una diferencia de 3,636 %— no tiene justificación técnica alguna. La defensa de la Municipalidad, basada en un supuesto "criterio de aseguramiento patrimonial", es insostenible. Los trenes tienen más de cuatro décadas de antigüedad y llegaron averiados. El valor de reposición de un bien usado y defectuoso no puede jamás equipararse al de uno nuevo.
Este tipo de irregularidad puede ser detectado fácilmente por cualquier perito tasador. Aún más si proviene de una gestión que se jacta de su profesionalismo y de llevar a Lima hacia una supuesta "potencia mundial". La exageración en la valorización ha encendido las alarmas de los principales organismos de control del Estado: la Contraloría General de la República y la SUNAT.
La Contraloría, encargada de supervisar el uso correcto de los recursos públicos, tiene razones de peso para investigar. Una sobrevaloración tan burda podría implicar malversación, ineficiencia o actos de corrupción. Además, conlleva gastos innecesarios en primas de seguros y el registro inflado de activos municipales. Las consecuencias podrían incluir inhabilitaciones para ejercer cargos públicos y hasta la derivación de responsabilidades penales.
Por su parte, la SUNAT interviene por los efectos fiscales y aduaneros. Las donaciones deben transparentar su valor real. Una discrepancia tan extrema puede tener implicancias tributarias graves o incluso encubrir un esquema para mover recursos de manera irregular. La entidad ha requerido a la Municipalidad justificar la diferencia, en aras de aplicar correctamente las normas aduaneras y tributarias. Las sanciones pueden incluir multas elevadas y denuncias por delitos tributarios.
¿Por qué alguien inflaría tanto el valor de una donación? Las hipótesis son preocupantes. Primero, para generar una percepción de gran beneficio patrimonial y mejorar la imagen política de la administración. Segundo, para justificar gastos futuros, ya que un valor asegurado inflado implica mayores primas, lo que podría facilitar uso discrecional de recursos públicos. Tercero, y no menos grave, para abrir la puerta a ilícitos: cobro de comisiones ilegales, fraude a compañías de seguros, o colusión con ellas para obtener indemnizaciones injustificadas.
La magnitud del caso hace inevitable hablar de posibles delitos contra la administración pública: peculado, colusión, negociación incompatible, falsedad ideológica, fraude y enriquecimiento ilícito. Todos con penas de prisión y consecuencias políticas severas.
Rafael López Aliaga ha construido su capital político sobre el discurso de la eficiencia y la lucha contra la corrupción. Sin embargo, la controversia en torno a la valorización de los trenes, sumada a las observaciones de SUNAT y Contraloría, socava esa narrativa. El contraste entre el discurso y la práctica es abismal.
Estamos ante el ejemplo perfecto de cómo una iniciativa, quizás bien intencionada, puede terminar en un escándalo por la falta de rigor técnico y legal. Las investigaciones en curso —de la Fiscalía, la Contraloría y la SUNAT— serán fundamentales para determinar si hubo delito o solo una negligencia colosal. En ambos casos, la rendición de cuentas es indispensable.
En teoría, el Congreso podría formar una comisión investigadora. En la práctica, su eficacia es incierta ante las actuales dinámicas políticas. Por eso, es urgente que los organismos técnicos actúen con independencia, celeridad y firmeza. No se trata solo de trenes, sino de la credibilidad del Estado. La oportunidad de un proyecto se desvanece cuando el humo de la sobrevaloración nubla la legalidad, la transparencia y la confianza ciudadana.