El Gobierno de Pradales pide "tiempo adicional" al Parlamento para informar de posibles contratos con Antxon Alonso

El Gobierno de Imanol Pradales ha pedido al Parlamento Vasco “un tiempo adicional” para dar respuesta a una solicitud de información sobre posibles adjudicaciones desde la Administración vasca con las sociedades vinculadas al empresario guipuzcoano residente en Bizkaia Antxon Alonso, aparentemente socio del encarcelado exdirigente del PSOE Santos Cerdán en la mercantil Servinabar 2000 y uno de los imputados en esa causa de corrupción que investiga el Tribunal Supremo. La iniciativa había partido del PP y fue registrada el mismo jueves de junio en que trascendió el informe de la UCO de la Guardia Civil que reveló la existencia de Servinabar 2000.

En ella, eso sí, también se pedían datos sobre otras empresas a nombre de Alonso. Son, concretamente, Residencial Playa Laga, Etxebal, Carrión Ocio, Antal –aunque con esta denominación que corresponde a sus iniciales montó hasta tres filiales diferentes–, Marbella Real State 190, Next Generation Caliope Innova, Arrate Insurance, Xarmant Milenium, Kirolweb o Mining Team.

El Ejecutivo vasco, por boca del propio Pradales, adelantó la realización una auditoría de posibles contratos con firmas mencionadas en los informes de la UCO. Todos los mensajes desde que se hizo este anuncio han ido en la línea de que no hay nada que una a la Administración autonómica con las mercantiles de Alonso. Sin embargo, la jefa de gabinete del consejero de Hacienda, Noël D'Anjou, que es el que coordina ese barrido, ha pedido y logrado que la Cámara le dé más plazo. Son diez días hábiles adicionales desde que se autorizó la ampliación, el martes 15.

Eso sí, para el martes 22, como tope, debería llegar información al Parlamento en relación a otra iniciativa del parlamentario del PP que ha hecho seguimiento de este asunto, Santiago López Céspedes. Esta otra solicitud fue registrada a las 24 horas de conocido el informe de la UCO y amplía la petición de revisión de contratos a otras empresas tales como OPR, LIC, Noran o Geoalcali, a la fundación Fiadelso del entorno de José Luis Ábalos e incluso a firmas como Indra, Ferrovial o Northgate. Por el momento no consta en la Cámara que el Ejecutivo haya pedido más tiempo.

También se piden datos sobre Acciona, la mayor contratista de las que figuran en el sumario del caso. Pero se da la circunstancia de que la parte del PSE–EE del Gobierno ya informó hace semanas, al hilo de otra pregunta específica sobre esta firma y obras públicas en el ámbito ferroviario, de los datos disponibles. El 2 de julio, sin agotar el plazo, la consejera Susana García Chueca entregó datos sobre contrataciones por valor de 189,34 millones de euros con diferentes UTE en las que ha formado parte Acciona.

El PP justifica la necesidad de conocer estos datos dada la “gravedad” de las “sospechas”. Se llega a citar en la justificación de las preguntas que en las grabaciones del caso se apunta a que Alonso “entró por varias empresas del País Vasco”. López Céspedes, además de las adjudicaciones, ha demandado al Ejecutivo que explique si ha recibido algún tipo de requerimiento tanto judicial como policial. La Guardia Civil, en calidad de Policía judicial, ha realizado registros y arrestos en la comunidad autónoma en el marco de esta causa.

Precisamente este viernes ha vuelto a saltar a la palestra el nombre de Alonso. En Radio Euskadi, el líder de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha admitido que también él se reunió con él, aunque solamente lo ha recordado ahora, al ver quién era. En su caso, apareció como representante de Forestalia, la empresa impulsora de una línea de alta tensión desde Aragón hasta Bizkaia y ha explicado que tenía interés en conocer la posición de los municipio que dirige la formación abertzale. Arnaldo Otegi ya manifestó que fue Alonso, nacido como él en Elgoibar, el que medió para que conociera a Cerdán y fraguaran un puente entre EH Bildu y el PSOE.