La legislatura de la presunción de confianza
Mientras dicha presunción de confianza no sea destruida, el Gobierno puede seguir gobernado. Es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, como hemos podido comprobar en el debate parlamentario de este pasado martes
Esta legislatura ha estado marcada por el debate de investidura. Mejor dicho, por los debates de investidura: el de Alberto Núñez Feijóo y el de Pedro Sánchez.
El de Feijóo fue un debate falso, que fue posible porque el Rey se dejó presionar por el PP, que estaba interesado en hacer creer a todo el mundo que había ganado las elecciones y que estaba en su mano ser elegido presidente del Gobierno, pero que renunciaba a ello por no estar dispuesto a someterse al chantaje de Carles Puigdemont.
El mensaje de ser el ganador de las elecciones, para tener una apariencia de credibilidad, exigía que el Rey lo propusiera como el primer candidato a la presidencia del Gobierno, sin hacer la más mínima valoración, tras la consulta con los líderes de los diferentes grupos parlamentarios, si el candidato que proponía tenía posibilidad alguna de ser investido.
Feijóo necesitaba la propuesta inicial del Rey para proclamarse ganador y para, a continuación, aprovechar el debate de investidura como acto de denuncia contra el candidato que sí tenía la posibilidad de ser investido. Y para empezar a poner en marcha la campaña contra la falta de legitimidad del candidato que iba a ser investido, campaña que no ha dejado de mantener activa desde entonces hasta el día de hoy.
Pienso que el Rey no ejerció la prerrogativa del artículo 99 de la Constitución de una manera correcta, aunque dicho ejercicio no pueda ser calificado inequívocamente de anticonstitucional. El trámite de evacuar una consulta con los líderes de los distintos grupos parlamentarios no tiene otro sentido que el de proporcionar al Rey la opinión de cómo se interpreta desde el Congreso de los Diputados el resultado electoral y poder efectuar a continuación la propuesta de un candidato de conformidad con dicha interpretación.
Pero con la literalidad del texto del artículo 99 de la Constitución no se puede excluir de manera tajante la interpretación que hizo el Rey proponiendo a Feijóo.
La propuesta inicial de Feijóo ha sido útil para subrayar el carácter de cuestión de confianza de la investidura de Pedro Sánchez, que habría que calificar de “presunción de confianza”. El resultado electoral de julio de 2023 políticamente era el mismo que el de la moción de censura de 2018 y el de las dos elecciones de 2019, pero su transformación en una investidura de presidente de Gobierno era mucho más compleja, ya que no se podía alcanzar sin los siete escaños de Junts.
En 2023 había que recuperar el voto de la moción de censura en su integridad, cosa que no había sido necesaria en las elecciones de 2019. Para dicha recuperación resultaba imprescindible una Ley de Amnistía, que ha presidido el desarrollo de lo que llevamos de legislatura.
La mayoría de investidura de 2023 no ha sido una mayoría de gobierno. Ha permitido gobernar a Sánchez, pero sin que éste tuviera la garantía de que iban a ser aprobadas todas sus iniciativas. La posibilidad de que no se aprobaran los Presupuestos Generales del Estado y algunas leyes no estaba en contradicción con la investidura. El Gobierno se podía mantener, como de hecho se ha mantenido.
El Gobierno mantenía la confianza del Congreso de los Diputados, aunque fuera derrotado en algunas votaciones. Únicamente con la aprobación de una moción de censura o con la votación negativa de una cuestión de confianza podía ser destituido. De ahí que el debate se haya centrado en si era Feijóo el que tenía que tomar la iniciativa y presentar una moción de censura o era Pedro Sánchez el que debía suscitar una cuestión de confianza.
El Gobierno de Pedro Sánchez en esta legislatura no ha descansado en la confianza del Congreso de los Diputados, sino en la “presunción de confianza”. Mientras dicha presunción de confianza no sea destruida, el Gobierno puede seguir gobernado. Es lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo, como hemos podido comprobar en el debate parlamentario de este pasado martes.
Pienso que hasta que no se hayan despejado todas las dudas sobre la aplicación de la Ley de Amnistía, se mantendrá la “presunción de confianza”. Después ya se verá.