Nueva norma jurídica, garante del respeto a la legalidad
La Ley del Régimen General de Contravenciones y Sanciones Administrativas quedó aprobada la víspera por la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Esta norma jurídica tiene por objeto regular el régimen general de las contravenciones o infracciones administrativas, así como el de las sanciones administrativas aplicables por su comisión. Ofrece un nuevo concepto de «contravención», y define un sistema sancionador más amplio y ajustado a las condiciones económicas y sociales actuales.
«Constituye un avance significativo en la regulación de esta rama del derecho, porque es superior en la defensa de los derechos ciudadanos y del debido proceso administrativo, al permitir la actualización de las normas de enfrentamiento a las indisciplinas sociales e ilegalidades y reducir la dispersión normativa», declaró Oscar Silvera Martínez, ministro de Justicia.
Como característica particular, esta ley es resultado del trabajo de diez años por los miembros del Grupo Temporal, coordinado por el Ministerio de Justicia, y ocho organismos de la Administración Central del Estado.
«La norma tiene el acierto de establecer un sistema de multas por cuotas, lo que posibilita individualizar las sanciones según la gravedad de la lesión y características del infractor», señaló el diputado José Luis Toledo Santander, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos.
Fortalecer la participación popular
Este jueves también fue analizado ante el Parlamento la política para lograr el cumplimiento de las leyes y demás disposiciones y el fortalecimiento del asesoramiento jurídico.
Según destacó el ministro de Justicia, Oscar Manuel Silvera Martínez, «el complejo y trascendental proceso de reación normativa, resultante de la Constitución de la República de Cuba, ha derivado en la aprobación de 54 leyes y 123 decretos-leyes, lo que refuerza la existencia de un sistema jurídico integral, funcional, basado en la legalidad y la institucionalidad».
No obstante, aún es insuficiente el control a la implementación de estas disposiciones, refirió. La Política aprobada por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros el 1ro. de julio de 2025 surge de supervisiones del Minjus a entidades con servicios jurídicos, y está basada en el Artículo 9 de la Constitución y el concepto de «Estado Socialista de Derecho y Justicia Social», exigiendo que todas las instituciones y ciudadanos actúen con estricto respeto a las leyes.
En este tema fue propuesto un sistema de trabajo que engloba, en primer lugar, el fortalecimiento del control a la implementación de las leyes. Además, se incluyen acciones para la efectividad de sistemas estadísticos y de análisis de información; la incorporación de los retos del cumplimiento de las disposiciones jurídicas en estrategias de comunicación institucional y la transformación digital; y la rendición de cuentas de ministros, jefes de instituciones, gobernadores y Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial.
Esta política busca institucionalizar una cultura de estricto cumplimiento legal y profesionalización del asesoramiento jurídico en todos los niveles del Estado, la economía y la sociedad cubana, bajo la rectoría del Ministerio de Justicia.
En otro momento, se presentó un documento con acciones para reflexionar e incrementar el ejercicio del control y la participación popular por los órganos locales y su control asambleario en la implementación de las leyes.
La propuesta presentada a los diputados dispone de cuatro capítulos, donde se incluyen los procedimientos para la evaluación de las acciones de control por los Consejos Populares, las comisiones de trabajo, otras acciones para incrementar y perfeccionar el ejercicio de fiscalización popular por los órganos locales, y la rendición de cuenta como una de las vías de participación popular tuteladas por la Constitución.