Organizaciones acusan al Gobierno de dejar caer Mesa de Plaguicidas en Monte Patria
Luego de tres años de trabajo intersectorial en Monte Patria, organizaciones sociales acusan que el Ministerio de Salud dejó caer la Mesa de Plaguicidas, un espacio impulsado por el Consejo Comunal Campesino junto a actores institucionales y productivos para abordar los impactos sanitarios y ambientales del uso de agroquímicos en la zona. La iniciativa buscaba identificar brechas en el cumplimiento normativo, evaluar su eficacia y proteger la salud de las comunidades rurales expuestas.
El piloto, considerado inédito a nivel nacional, reunió mensualmente a representantes de empresas agrícolas, gremios campesinos, el municipio, INIA, Seremi de Salud y de Agricultura. Pronto evidenció que la normativa vigente sobre plaguicidas se conocía superficialmente, se comprendía poco y su cumplimiento era precario en terreno. Un estudio clave mostró que el 83% de los predios no respetaban la franja de seguridad para aplicaciones químicas, exponiendo directamente a personas, escuelas y viviendas colindantes.
El diagnóstico fue aún más preocupante cuando se constató que el sistema de salud municipal no contaba con un protocolo específico para atender intoxicaciones agudas por plaguicidas. Aunque dicho protocolo fue posteriormente elaborado, su implementación ha sido errática debido a la alta rotación de personal y la escasa difusión entre los equipos rurales. Simultáneamente, las empresas no informaban ni a vecinos ni a centros de salud sobre los productos aplicados, obstaculizando la vigilancia sanitaria.
Durante el primer año, la Seremi de Salud regional lideró fiscalizaciones pedagógicas y levantó información relevante para corregir malas prácticas. Sin embargo, el proceso entró en crisis cuando se impusieron sanciones a empresas por infracciones reiteradas. Tras ello, y con sucesivos cambios de autoridades en la Seremi, el compromiso institucional comenzó a desvanecerse, dejando sin respaldo operativo al programa.
Pese a los reiterados llamados del municipio y del Consejo Campesino para retomar el trabajo, las ausencias de las autoridades en reuniones y capacitaciones se volvieron sistemáticas. Finalmente, el Consejo Campesino decidió hacer pública lo que calificó como una “retirada irresponsable” del Gobierno, subrayando la gravedad de desmantelar un espacio que había evidenciado —con datos— que la normativa vigente no se cumple, no se conoce, y no es suficiente para proteger la salud de trabajadores, comunidades ni consumidores.
Más allá del caso específico, las organizaciones alertan que lo ocurrido en Monte Patria revela una institucionalidad diseñada más para sostener el modelo agroquímico que para salvaguardar la salud pública y la soberanía alimentaria. La persistencia de un enfoque productivista, sin controles reales, pone en entredicho la capacidad del Estado de responder a los desafíos sanitarios y ambientales del campo chileno.
Para el Consejo Campesino, el desafío sigue siendo la construcción de espacios multiactores reales, donde el conocimiento comunitario y la evidencia técnica permitan transitar hacia una agricultura menos tóxica. Mientras tanto, llaman a la ciudadanía a informarse y exigir transparencia en la producción de los alimentos que consume.