Óscar López impone su mano dura y decidirá por su cuenta la oferta de empleo público con el rechazo de los sindicatos
Las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CCOO han roto las negociaciones para la nueva Oferta de Empleo Público (OEP) de 2025 y han cerrado la mesa sin acuerdo, de manera que el Gobierno aprobará por su cuenta la nueva OEP en Consejo de Ministros sin contar con el apoyo sindical. Según ha confirmado LA RAZÓN, los representantes ministeriales de Óscar López han hecho una oferta "soberanamente insuficiente" para CC OO, que "no ha concretado una cifra global suficiente ni definitiva ni clara" en el caso de UGT y que, en realidad, "reduce la creación de empleo neto, disminuye la oferta en promoción interna y mantiene la tasa de reposición" para CSIF.
En principio, la propuesta asciende a 20.000 plazas, 4.500 de empleo neto, menos de la mitad que el año pasado y un 10% de las plazas perdidas en los últimos 20 años, pero que el Ministerio quiere sumar otras incorporaciones para instituciones como el Ejército, la Guardia Civil o la Policía Nacional, «pero no han concretado esas cifras. Han llegado sin haber hecho los deberes y con una falta de información inadmisible", han explicado fuentes sindicales. Para CSIF, "harían falta 10 ofertas de empleo público similares para recuperar el empleo perdido".
Pese a que Función Pública había anunciado que el número de plazas sería "similar" al de la OEP de 2024, de más de 40.000 plazas. al final se ha quedado en la mitad, ya que no ha concretado cuáles sumaban el resto de plazas que no han querido enumerar. Desde CSIF critican que se mantiene la tasa de reposición, "lo que impedirá reforzar ámbitos deficitarios conforme a las necesidades reales y perpetuará la tasa de temporalidad, en la Administración del Estado".
Además, recuerdan que la OEP contendrá una tasa adicional para el País Vasco en el ámbito de la Justicia, que permitirá a esta comunidad autónoma reforzar sus plantillas por encima de los criterios comunes para el resto, "lo que supone una discriminación para el resto de Administraciones y romperá el principio de equidad en el acceso a los servicios que reciben nuestros ciudadanos".
También cargan contra la propuesta ministerial porque "no establece los cambios necesarios para garantizar el derecho de promoción de los empleados públicos", pese al acuerdo suscrito en noviembre de 2022, y porque "en las últimas dos décadas se han perdido 42.000 puestos de trabajo públicos -20.640 empleos en los últimos 10 años a los que se suman los 21.392 perdidos en la década anterior- y "esta oferta no sirve para solucionar ese déficit". Igualmente, De igual manera, ha denunciado la "lentitud" de los procesos selectivos, que mantiene sin cubrir 28.400 plazas de personal laboral y funcionario de anteriores ofertas de empleo público, junto a otras muchas que se pierden porque "ya han caducado".
Según datos del registro central de personal, el 55% de la plantilla se jubilará en 10 años, lo que hace evidente la necesidad de planificar a medio plazo las necesidades de la plantilla. Esta cuestión fue referida por un informe de la OCDE en el que se alertaba del envejecimiento de las plantillas de la Administración española, en relación a los países de nuestro entorno.