‘Nos piden regresar al clóset’, dice la organización del Pride tras prohibición de que menores asistan a evento de cierre
La organización Pride Costa Rica calificó como una decisión arbitraria que la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos, que pertenece al Ministerio de Justicia y Paz, “los censure” al prohibir que personas menores de 18 años participen en la actividad de cierre de la marcha del Orgullo LGBTIQ+ el 29 de junio. Tras la reclasificación del evento, presentaron un recurso de amparo ante la Sala Constitucional.
“Este cambio abrupto se basa en estereotipos sobre expresiones artísticas. No hubo análisis de contenido, no hubo diálogo y ni siquiera notificaron directamente, ya que nos enteramos por la prensa. Piden que la actividad de cierre sea bloqueada para menores de edad y solicitan que no tengan acceso físico ni visual al evento. Nuevamente, nos piden regresar al closet”, afirmó uno de los representantes de la organización durante una transmisión en vivo en sus redes sociales.
Este 23 de junio, el gobierno prohibió la participación de menores de 18 años en el evento de cierre del Pride 2025, programado para este domingo 29 de junio en la Plaza de la Democracia, en San José.
Los organizadores, quienes recalcaron que la marcha se mantiene, afirman que el 19 de junio la comisión ya había aprobado el evento para todo público.
“La revocatoria de un acuerdo que estaba en firme, evidencia una clara intención política de utilizar una vez más los derechos de las personas sexualmente diversas como moneda de cambio para la campaña electoral”, aseveraron.
Recursos de amparo
Ante lo ocurrido, la organización presentó un recurso de amparo en el que solicitan que, entre cosas, se anule el oficio en el que prohíben la participación de personas menores de 18 años en el cierre de la marcha y que se respete clasificación original de todo público.
Este es el segundo amparo que presentan en dos años: en el 2024, la noche antes de la marcha, el presidente Rodrigo Chaves derogó la la declaratoria de interés cultural de la marcha. Se trató de un acto violatorio de derechos fundamentales, según declaró posteriormente la Sala Constitucional.