Técnicos, no rudos

La conformación del directorio de la Superintendencia de Competencia (SC) en Guatemala se perfila como un momento crucial, por el siniestro derrotero que pudiese tomar. Esa entidad, encargada de —entre otros— prevenir prácticas monopólicas, debe ser un baluarte de imparcialidad y profesionalismo. Para ello, es imperativo que su directorio esté integrado por los mejores cuadros, los candidatos más calificados, y que su elección responda únicamente a mérito, no a intereses políticos o partidistas.

La SC tiene la delicada tarea de garantizar que los mercados operen de manera justa, sin que nadie compita de forma desleal y, mucho menos, ilegal. Esto requiere un directorio compuesto por profesionales cuya trayectoria esté libre de filiaciones o simpatías político-partidarias; no puede integrarlo, por ejemplo, alguien que financió al actual partido de gobierno, Movimiento Semilla; ello sería un clarísimo conflicto de interés. La independencia es clave: cualquier percepción de sesgo podría erosionar, irremediablemente, la confianza en la institución y comprometer su integridad.

Asimismo, deben evitarse candidatos que hayan manifestado posturas extremas, ya sea a favor de la estatización o de un liberalismo absoluto, así como aquellos que rechacen un rol mínimo del Estado en la supervisión de la competencia. La Superintendencia necesita mentes equilibradas, capaces de interpretar la ley y analizar con rigor y sin prejuicios ideológicos.

La historia reciente de Guatemala ofrece lecciones valiosas. La Comisión Internacional contra la impunidad en Guatemala (CICIG), creada con un mandato claro y presumibles buenas intenciones, se desnaturalizó con el tiempo al convertirse en un instrumento de persecución política. Este precedente debe servir de advertencia: no puede permitirse algo similar. ¡Nunca más!

Si su directorio cae en manos de personas alineadas con agendas políticas o ideológicas, corre el riesgo de perder su propósito y, con ello, su razón de ser. La institucionalidad debe prevalecer sobre cualquier interés, y esto solo se logrará con designaciones basadas en la meritocracia y la idoneidad.

Las instituciones son tan fuertes como las personas que las integran y dirigen; un directorio débil o comprometido con intereses externos no solo fallará en su misión, sino que generaría —con razón— desconfianza en los sectores productivos y en la ciudadanía. Por el contrario, un directorio sólido, conformado por profesionales íntegros y competentes, será un apoyo para el desarrollo económico. La Superintendencia debe ser un modelo de gobernanza, demostrando que en Guatemala es posible construir instituciones que sirvan al bien común por encima de cualquier coyuntura política.

En este momento definitorio, las autoridades responsables de la selección deben actuar con responsabilidad histórica. Elegir a los mejores —no a los que les conviene—, libres de ataduras políticas e ideológicas, no es solo una necesidad técnica, sino un compromiso con el país

Los ojos de todos los guatemaltecos están sobre quienes ahora deben elegir; tan solo una designación sería muestra de lo podría estar por venir. El futuro de la economía nacional no puede estar en juego.

*Una versión anterior de este editorial afirmaba que Mineco no había hecho públicas las calificaciones...las colgó en su portal electrónico; los otros entes sí las publicaron en sus redes sociales y comunicados.