¿Operación política en su contra o modus operandi? Nuevas filtraciones complican a Karol Cariola

Nuevos antecedentes de presunto tráfico de influencias complican a la diputada Karol Cariola (PC). Filtraciones de un informe de Fiscalía revelaron conversaciones de la parlamentaria con distintas autoridades, como el ministro de Economía, Nicolás Grau; el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve; y el delegado presidencial, Gonzalo Durán, mientras era alcalde de Independencia, a fin de interceder en favor del empresario Emilio Yang, pero también a sí misma.

Sí bien esto no tiene relación con el llamado caso Chinamart que involucró también a la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler, tras filtraciones en el marco de la investigación por la Clínica Sierra Bella, el fiscal Patricio Cooper determinó que podría existir un “modus operandi”, razón por la que se abrió una nueva causa penal contra Karol Cariola por solicitar favores a alcaldes en beneficio personal.

Por medio de un comunicado de prensa, Karol Cariola se defendió y negó dichas irregularidades, afirmando que lamenta “tener que enfrentar esta evidente operación política para hacerme daño”. Asimismo, aseguró que las filtraciones son “fuera de contexto sin acreditar delitos”, también cuestionó la “incapacidad del Ministerio Público para evitar la vulneración de la reserva de una investigación, incumpliendo garantías que la propia justicia ha decretado”.

Quién aclaró su relación en estos chats filtrados fue el ministro Nicolás Grau, a quién Cariola le solicitó tomar en consideración a Emilio Yang como parte de la comitiva en la visita del Presidente Gabriel Boric a China en octubre de 2023. El secretario de Estado explicó que “es muy común que en el contexto de las giras presidenciales se nos solicite sumar a personas a las distintas giras”.

“Gremios, dirigencias políticas, parlamentarios, todos normalmente buscan que distintas visiones, experiencias, puedan enriquecer los viajes presidenciales. Nosotros siempre nos preocupamos de decidir en base a elementos técnicos y políticos. En este caso, las personas que estaban involucradas en ese chat finalmente no fueron incluidas”, sostuvo tajante el secretario de Estado.

En torno al caso y sobre el proceso investigativo, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a “no prejuzgar” ni a “sacar conclusiones de informaciones parciales”. “Son filtraciones de un proceso que se está llevando adelante, una investigación que está en curso, sobre eso hemos sido bien explícitos: esperamos que la Fiscalía realice un trabajo acucioso, profesional e imparcial”, comentó el ministro.

En el Congreso Nacional, las reacciones fueron diversas. El diputado Marcos Ilabaca (PS), si bien consideró que podrían existir actitudes “imprudentes” de Cariola, pero que “está lejos de llevar adelante algún tipo de ilícito penal, como otros que el Ministerio Público todavía no filtra ni lleva adelante los procesos de formalización que corresponden”.

Por ello, el socialista remarcó sobre las peticiones de Cariola en favor del empresario Yang que “si la solicitud fue, en el marco de la legalidad, ver el estado en el que se encontraban sus procesos, no tiene mayor problema”. “Si la actitud fue el tratar de saltarse los pasos legales o cometer algún tipo de infracción legal, claramente eso debe ser investigado”, comentó Ilabaca.

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) acusó a Cariola de tener un “modus operandi” al no ser los primeros antecedentes al respecto revelados en su contra. “No es la primera información que tenemos de esta diputada donde intenta, a través de gestiones o presiones a distintas autoridades, de hacerse de determinados beneficios. Es sumamente preocupante, porque es una práctica habitual”, apuntó la parlamentaria opositora.

En las últimas horas, la defensa de la diputada Cariola, a cargo del abogado Juan Carlos Manríquez, solicitó al 7° Juzgado de Garantía de Santiago que se fije una audiencia de cautela de garantías y denunció desacato del Ministerio Público por incluir chats privados de la parlamentaria en la carpeta investigativa del caso.

“Mi defendida cree que una vez más la PDI, por orden de la Fiscalía y de modo consciente, violan la cautela de garantías vigente desde el 13 de marzo”, apuntó el abogado, agregando además que insistirán en denunciar por “desacato evidente” y pedirán que “se abra investigación penal por tales ilícitos”.