Congresistas proponen nacionalizar Telefónica del Perú
El Proyecto de Ley N.º 11565/2024-CR, presentado por congresistas de diversas bancadas, declara de necesidad pública e interés nacional la nacionalización de Telefónica del Perú S.A.A., una de las principales empresas de telecomunicaciones del país. La propuesta se enmarca en el contexto del "Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana".
Expropiación en 30 días: Estado asumiría control de Telefónica y filiales
El artículo 3 del proyecto establece que el Poder Ejecutivo deberá ejecutar la expropiación en un plazo máximo de 30 días calendario tras la entrada en vigencia de la ley. Esta acción implicaría la toma de control de acciones, activos y operaciones de la empresa.
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Además, se incluye en el proceso de expropiación a las filiales creadas entre marzo y junio de 2020:
- PangeaCo
- Telefónica Cloud Tech Perú
- Telefónica Cybersecurity & Cloud Tech Perú
Argumentos: defensa del interés nacional y servicios estratégicos
El proyecto sustenta la nacionalización como una medida para:
- Proteger los intereses del Estado
- Resguardar los fondos de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP)
- Cuidar el capital de los proveedores
- Garantizar la continuidad del servicio estratégico de telecomunicaciones en todo el territorio nacional
La conectividad se presenta como un bien esencial para el desarrollo del país, por lo que se considera clave que el Estado tenga control sobre este sector.
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Justiprecio: indemnización según última operación extrabursátil
El artículo 4 señala que el Estado deberá pagar una indemnización justa (justiprecio) por la empresa, tomando como referencia la última operación extrabursátil de venta del 99,3% de las acciones de Telefónica del Perú S.A.A.
Esto implica que, aunque se trata de una expropiación, el procedimiento deberá incluir una compensación económica acorde con el valor reciente de mercado.
Ahora bien, de aprobarse, esta propuesta marcaría un giro significativo en la política económica y de telecomunicaciones del país. El proyecto reabre el debate sobre el rol del Estado en sectores estratégicos, las consecuencias para la confianza de los inversionistas, y el posible impacto fiscal de una nacionalización de esta magnitud.