Juan Suárez Martínez: 12 de junio, Día Mundial contra el Trabajo Infantil

Imaginemos a María, tiene 12 años y, en lugar de estar en el salón de clases, se encuentra vendiendo dulces en un puesto callejero del centro de Monterrey. Lamentablemente, su caso no es una excepción.

Según los últimos datos publicados por el INEGI, en México hay 3.7 millones de niñas, niños y adolescentes de entre 5 y 17 años que se encuentran involucrados en alguna forma de trabajo infantil, lo que equivale al 13.1% de ese grupo de edad. En esta estadística no solo se incluyen a los menores en ocupaciones no permitidas, sino también a quienes realizan quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

En los estudios que se han realizado en torno al trabajo infantil se ha encontrado su influencia negativa en la asistencia escolar. En México, tres de cada diez menores que están en condición de trabajo infantil ya abandonaron la escuela. El otro 70% sigue estudiando, pero es posible que no puedan aprovechar al 100% el estar en un salón de clases. Por lo general, cuando mezclan trabajo con educación, a esta edad temprana no logran concentrarse lo suficiente o simplemente no cuentan con la energía necesaria para asimilar lo visto en el aula.

Es indiscutible que la principal razón por la que los niños, niñas y adolescentes ingresan al mercado laboral es porque el ingreso del hogar es bajo y probablemente no alcanza para lo mínimo indispensable con los ingresos de los adultos. En este punto encontramos una situación delicada, ya que es importante analizar qué pasaría en los hogares que se encuentran en esta situación si la prohibición del trabajo infantil deja a estas familias sin ese salario y termina afectando la economía del hogar.

Además, los menores que se encuentran específicamente en trabajos peligrosos se exponen a múltiples riesgos de salud física y seguridad que repercuten en el corto plazo. En actividades como la construcción, en donde se manejan herramientas peligrosas, se cargan materiales pesados y se trabaja desde alturas, o la agricultura, con el uso de pesticidas, pueden provocar daños irreversibles en los niños, niñas y adolescentes.

Al acumular todos estos efectos, tanto físicos como emocionales, estos jóvenes ven reducida su capacidad para acceder a empleos formales en la edad adulta, persistiendo ciclos de informalidad y bajos ingresos que quebrantan tanto su desarrollo personal como el crecimiento económico del país.

Por otro lado, diversos estudios han evidenciado que el trabajo infantil está vinculado al consumo temprano de bebidas alcohólicas. Al disponer de un ingreso propio y enfrentarse probablemente a jornadas pesadas como las de obras de construcción, minas o fábricas, muchos menores podrán buscar en el consumo de alcohol un alivio al estrés físico y emocional que padecen.

Además, el fácil acceso a este tipo de bebidas en estos trabajos y la influencia de compañeros mayores que normalizan su consumo promueven el interés de los menores en el consumo de alcohol. Esta actividad eleva la probabilidad de que el menor termine con problemas de abuso de sustancias en la adolescencia y posteriormente en la vida adulta, comprometiendo el desarrollo cognitivo, el rendimiento escolar y, a largo plazo, la salud mental y física de estos jóvenes.

Es crucial que el gobierno mexicano fortalezca los programas sociales, pero de manera focalizada, para que dichos programas realmente lleguen a las personas que lo necesitan y condicionando los apoyos a la permanencia en la escuela de los niños, niñas y adolescentes mexicanos.

Además de dar seguimiento y difusión al Plan de Trabajo de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (CITI) para que se vea un impacto significativo en la disminución del trabajo infantil.

En conclusión, este 12 de junio no debe ser sólo una fecha donde se conmemore el trabajo infantil, sino un punto de inflexión para analizar detenidamente el panorama de estos 3.7 millones de niños y adolescentes.

Si México quiere forjar un futuro competitivo y justo, debe garantizar que ningún menor pague con su tiempo y salud el déficit de oportunidades de una economía desigual.

El autor es Profesor investigador en la Escuela de Negocios de la Universidad de Monterrey (UDEM) y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente, se encuentra trabajando en temas relacionados al trabajo infantil, movilidad social y salarios bajos.