Marlaska, impasible ante la oleada de agresiones violentas a funcionarios de prisiones
Un cabezazo en la nariz del jefe de Servicios de la prisión madrileña de Estremera, un violento golpe en la cabeza a través de los barrotes de la celda en el centro penitenciario Sevilla 1 o amenazas de muerte y patadas contra los trabajadores en la cárcel de Picassent... este es el día a día de los funcionarios de prisiones en España. Y es que las cifras no engañan: desde 2018 las agresiones a este colectivo se han disparado un 125%, pasando de 223 al año a 505.
Una situación que no es nueva ni ajena y ante la que el Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, permanece impasible. Desde CSIF Prisiones denuncian, por enésima vez, "la creciente ola de violencia, altercados, agresiones a funcionarios e incidentes en los centros penitenciarios", ante la desidia del Ejecutivo. Exigen "medidas urgentes" para garantizar su seguridad y que se les reconozca como agentes de la autoridad, reivindicación archivada en un cajón por el Ejecutivo de Sánchez desde hace años. Es la clave para que tengan "protección legal" ante los ataques.
Por no hablar del "alarmante déficit en las plantillas". Los funcionarios consideran urgente cubrir el 100% de las vacantes y ajustar la Relación de Puestos de Trabajo, a las necesidades reales. También solicitan formación "continua y especializada" para afrontar estas situaciones de riesgo, así como material moderno y adaptado a sus necesidades como las pistolas táser.
"Basta ya de agresiones en prisiones", claman desde este sindicato. Sin embargo, pese a lo alarmante de los datos y la dureza de las agresiones, estas reivindicaciones caen en saco roto ante la inacción de Interior. No así en el Congreso de los Diputados donde los grupos de la oposición han registrado una batería de preguntas, con el objetivo de sacarle alguna respuesta. La primera de ellas, a propuesta de los diputados del PP, Fernando de Rosa y Ana Vázquez, es clave: ¿Va a dictar o proponer el Ministerio del Interior alguna reforma legislativa para endurecer las sanciones a los reclusos conflictivos y peligrosos?".
(Noticia en ampliación)