Removido Cooper: Caso ProCultura cambia de manos luego de contundente pronunciamiento judicial
La Fiscalía Nacional informó este viernes la remoción del fiscal Patricio Cooper del Caso ProCultura, una medida que, además de técnica, devela errores de procedimiento que han impactado en la credibilidad del proceso. Las diligencias investigativas pasan ahora a la Fiscalía Regional de Antofagasta, bajo la dirección de Juan Castro Bekios.
La decisión se adoptó luego de un dictamen de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que acogió un recurso de amparo interpuesto por Josefina Huneeus, exesposa del fundador de la Fundación ProCultura, y que declaró ilegal la intervención de su teléfono celular. La resolución señala que el procedimiento vulneró garantías fundamentales.
En su comunicado, la Fiscalía Nacional aludió al artículo 19 de la Ley Orgánica del Ministerio Público como fundamento legal para la remoción, apuntando a la “complejidad y gravedad” de la causa como elementos clave. La reubicación del caso busca “asegurar su continuidad y objetividad”, declaró oficialmente la institución.
“Estas decisiones se adoptan en resguardo del interés público y de los principios rectores que deben guiar la actuación del Ministerio Público”, sostiene el texto difundido. La determinación blinda a la Fiscalía, pero también reconoce implícitamente los cuestionamientos que han emergido en la conducción del caso.
El mismo comunicado agrega que “el compromiso de la Fiscalía Nacional es claro: velar por el estricto cumplimiento de la ley, garantizar procesos justos y proteger la confianza de la ciudadanía en la labor del sistema de persecución penal”.
Fuentes cercanas al proceso indican que la decisión del Fiscal Nacional habría sido también una forma de contener las críticas internas por la estrategia investigativa desplegada por Cooper, cuya ofensiva incluyó interceptaciones telefónicas hoy invalidadas por la justicia.
Para varios analistas, la medida tiene efectos más allá de lo técnico: implica un remezón institucional en uno de los casos más emblemáticos sobre el uso de recursos públicos por parte de fundaciones privadas, y pone bajo escrutinio la propia estrategia del Ministerio Público frente a causas de alta sensibilidad política y mediática.