Proceso jurídico electoral en Venezuela blinda su democracia
La República Bolivariana de Venezuela tiene una nueva democracia que ha pasado por pruebas permanentes y una legislación, un proceso jurídico, que se ha adaptado a cada momento de la historia de la Revolución Bolivariana.
Así lo explicó el secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), Jorge Arreaza, durante su intervención en el webinar ¿Qué está pasando realmente en Venezuela?, realizado desde Canadá vía telemática.
Además, recordó que el pueblo de Venezuela aprobó mediante un proceso electoral efectuado en el año 2006 una enmienda a la Carta Magna que permite la reelección presidencial. «Hemos tenido 31 elecciones en 25 años de Revolución (…). También hemos tenido 170 000 elecciones de Consejos Comunales hasta ahora», destacó.
Según el sitio web del ALBA-TCP, Arreaza aseveró que desde la llegada de la Revolución Bolivariana hasta el momento «la pugna siempre ha sido de la burguesía interna y de sus amos del imperialismo por retomar las reservas petroleras del país y sus riquezas».
Sobre las elecciones presidenciales del 28 de julio, indicó que ese día el pueblo decidió. «Nicolás Maduro ganó la elección, nosotros nos dirigimos hacia la prosperidad y hacia una nueva etapa de profundización de la Revolución», sentenció.
Detalló que la República Bolivariana tiene el sistema electoral más seguro del mundo y también el más auditable. «Las actas de cada votación no se publican, están bajo resguardo del Poder Electoral», y pueden ser solicitadas por los partidos políticos que participan en cada contienda.
El Secretario Ejecutivo del ALBA-TCP enfatizó que tras las elecciones y los ataques contra el sistema electoral, el presidente Maduro introdujo un amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para blindar los comicios y asegurar la transparencia legal del proceso.
El TSJ revisará las actas electorales con cada uno de los diez candidatos y el máximo organismo tomará la decisión pertinente en el lapso que establecen las leyes de la República.