Un Tribunal Federal ordenó a un juzgado de Distrito que admita a trámite el amparo que promovió el ex titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, quien pretende que se ordene a la Fiscalía General de la República (FGR) lo auxilie para recabar 15 datos de prueba para echar abajo la imputación que se realizó en su contra por el caso Ayotzinapa.El magistrado Enrique Martínez Guzmán presentó un proyecto que fue avalado por unanimidad por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal, el cual declaró fundados los argumentos del ex funcionario expuestos en un recurso de queja.Durante la sesión, el magistrado ponente puntualizó que en este asunto deben regir las reglas del derecho de acceso a la justicia establecidas por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN).“…el auto inicial, en el que se decide dar trámite o no a un juicio de amparo, no es el momento procesal oportuno para establecer si en el caso concreto, el acto reclamado se encuentra dentro de las reglas generales o en el campo de la excepcionalidad, de los casos en los que el juicio de amparo resultan procedentes, cuando los actos vulneren derechos sustantivos y por ende, fueron de los catalogados como los de difícil reparación”, mencionó.El equipo legal del ex procurador señaló que los datos de prueba son vitales para exponer la defensa del caso y para revertir las pruebas que la FGR presentó.En febrero y marzo del presente año, la FGR rechazó la petición de auxiliar a Murillo Karam.Lo anterior, propició que el ex procurador se amparara, pero su demanda de garantías fue desechada por el juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México.La FGR ya presentó una acusación por escrito donde solicitó una pena de 82 años de prisión contra Murillo Karam, por su presunta responsabilidad en los delitos desaparición forzada, tortura y contra la administración de la justicia, por el caso Ayotzinapa.De acuerdo con el escrito presentado en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa pidió una pena de 60 años de cárcel por el delito de desaparición forzada.Mientras que por el delito de tortura 12 años, y 10 años por el correspondiente contra la administración de la justicia.La unidad presentó 69 testimonios, 65, documentales y 43 peritajes, como datos de prueba.IR
