Certidumbre fiscal
La obligación de pagar impuestos es de todos; se trata de una obligación de rango constitucional e incluso de sentido común, lo público lo construimos todos con el pago de impuestos. Como política pública es necesario pensar en la tributación de manera que sea legítima, y para ello se ha aspirado que observe principios como el de comodidad y certidumbre propuestos por Adam Smith desde el siglo XVIII.
El principio de certidumbre se refiere a la necesidad de establecer reglas claras, estables y predecibles en el ámbito fiscal para garantizar la confianza de los agentes económicos y promover un entorno propicio para la inversión, el crecimiento económico y el cumplimiento colaborativo de las obligaciones fiscales, lo que legitima al sistema. Por el contrario, la incertidumbre fiscal puede generar riesgos e incentivos distorsionados, lo que puede obstaculizar la inversión, el ahorro y el crecimiento económico. Los cambios imprevistos, la falta de claridad en las reglas o la arbitrariedad en su aplicación generan inseguridad y desincentivan la actividad económica, obstaculizan la generación de bienestar.
La certidumbre se vincula con el Estado de derecho y el respeto a los derechos de los contribuyentes, de ahí la importancia de contar con procesos claros, instituciones y autoridades sólidas que, ante cualquier distorsión, restauren los derechos de los contribuyentes.
En el contexto actual, la certidumbre fiscal ha estado en cuestionamiento; distintos problemas se han presentado para cumplir con las obligaciones fiscales, por absurdo que parezca, miles de contribuyentes se han encontrado con obstáculos al intentar cumplir con sus obligaciones y han elevado peticiones a las autoridades fiscales para que se resuelvan los obstáculos.
Casos hay muchos, baste citar los distintos problemas que sucedieron en marzo pasado para presentar la declaración anual del ISR, o los que se viven al escribir estas líneas relacionados con la presentación del dictamen fiscal, una obligación que tienen grandes contribuyentes y ciertas empresas de hacer auditar sus estado financieros por contador público inscrito, y ese contador presentar una cantidad importante de información al SAT producto de cientos de horas de trabajo por cada contribuyente, y al quererlo hacer se encontró con una plataforma que no funcionaba, marcaba errores e impidió que se presentaran a tiempo los dictámenes, que en cerca de 40 por ciento de los casos se consideró que fueron presentados de forma “extemporánea”, lo que significa multas y distintas consecuencias para las empresas. Esas problemáticas se incrementan con otras declaraciones que se deben presentar en estos días.
¿Qué certidumbre puede haber para un contribuyente que busca cumplir sus obligaciones y no puede por fallas en la plataforma del SAT? Poca, y esa falta de certidumbre no es un asunto menor, pues impacta a la empresa formal, creadora de empleo y de riqueza, y en el caso del dictamen fiscal, al grupo de empresas que aportan 49 por ciento de la recaudación en México, según el más reciente informe tributario y de gestión publicado por el SAT.
Es necesario transformar el estado de cosas, en el plano global se busca un cumplimiento colaborativo de obligaciones fiscales y es el estándar que necesitamos construir un México, una relación de cooperación entre los contribuyentes y la administración tributaria equilibrada y de reciprocidad, en donde el contribuyente colabore, proporcione información, cumpla sus obligaciones, y la autoridad fiscal ponga los medios, facilite el cumplimiento de obligaciones, y otorgue certeza jurídica.
La tensión permanente que existe entre contribuyentes y autoridades fiscales surge de la mutua desconfianza, cuando las plataformas para cumplir fallan y los foros se llenan de silencio de la autoridad esa desconfianza se incrementa; es ahí donde los calificativos, interpretaciones y señalamientos distorsionan la relación que debe ser de cooperación. Es necesario cambiar de paradigma.
La historia se construye cada día. Por el bien de este país es necesario pensar en trascender, que las empresas trasciendan por el valor que generaron a la sociedad y la responsabilidad que asumieron, y las autoridades fiscales no solamente como las que recaudaron más, sino las que impulsaron una nueva política fiscal menos punitiva, más colaborativa, dialogante y constructora de medios para lograr el verdadero fin de la política fiscal: el crecimiento económico y la creación de bienestar. #OpiniónCoparmex
Domingo Ruiz López es presidente de la Comisión Nacional Fiscal de Coparmex.